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Actualización de Aranceles por Legalizaciones en Ciencias Económicas

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe actualizó los aranceles por legalizaciones de trabajos profesionales, con vigencia a partir de junio de 2026, para acompañar la variación de costos.

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Actualización de Aranceles por Legalizaciones en Ciencias Económicas
Imagen representando el impacto de la medida

Índices de Impacto

Liberación
RegulaciónLiberación
Mercado/Estado
Pro EstadoPro Mercado
Colectivismo
Pro IndividuoPro Colectivo

Organizaciones

  • Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe

Fechas Clave

18/05/2026
Fecha de la resolución
01/06/2026
Vigencia de la resolución

El Presidente del Consejo Superior del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe emitió la Resolución de Presidencia N.º 4/2026, ad referéndum del Consejo Superior, estableciendo una actualización en los aranceles por legalizaciones de trabajos o actuaciones profesionales. Esta medida, con vigencia a partir del 1 de junio de 2026, responde a la necesidad de ajustar los valores frente a la sostenida variación del nivel general de precios y el incremento sistemático de los costos de funcionamiento de la entidad.

La resolución detalla los nuevos criterios para la confección de las bases de cálculo de los aranceles, aplicables a diversos tipos de trabajos como manifestaciones de bienes, certificaciones UIF, auditorías de estados contables (anuales, intermedios, resumidos, consolidados y rectificativos), encargos de compilación y certificaciones varias (ventas, compras, deudas, estados de resultados, estados de situación patrimonial). Se establecen porcentajes específicos para casos especiales, como auditorías permanentes (10% del módulo correspondiente) o certificaciones literales (50% del módulo).

La distribución del arancel puro se mantiene en 32% para el CPCE, 32% para el DSS y 36% para el CSS. El objetivo es asegurar la financiación de los servicios que presta el Consejo, manteniendo la calidad y cobertura para sus matriculados. La decisión busca evitar que la capacidad operativa del organismo se vea comprometida por la inflación, garantizando la sostenibilidad de sus servicios.

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