CNV Refuerza Transparencia en Operaciones de Entidades Públicas

La Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió la Resolución General 1151/2026, una medida crucial que busca incrementar la transparencia y asegurar la eficiencia en las operaciones con valores negociables de entidades que administran recursos públicos o previsionales obligatorios. La normativa introduce la figura de "Sujetos Restringidos" y les impone condiciones más estrictas para operar en el mercado.

Nuevas Reglas para "Sujetos Restringidos"

La CNV define como "Sujetos Restringidos" a entidades del sector público nacional, provincial, municipal o de CABA (con ciertas excepciones), así como a cajas previsionales y otras que administran fondos obligatorios no estatales.

La resolución prohíbe a los Agentes de liquidación y Compensación (ALyC) y Agentes de Negociación (AN) registrar operaciones de estos Sujetos Restringidos en segmentos de negociación bilateral no garantizados. En cambio, deberán operar exclusivamente en segmentos que aseguren prioridad precio-tiempo, por interferencia de ofertas y con garantía de liquidación.

Se impone además una restricción horaria: no podrán ingresar ofertas de Sujetos Restringidos en los primeros y últimos 30 minutos de cada jornada. También se fijan límites de volumen: el total diario por especie no podrá exceder el 25% del volumen promedio de los 5 días anteriores, y para valores negociables de renta fija públicos, no más del 5% del saldo en circulación. Estas medidas buscan prevenir impactos desproporcionados en la formación de precios.

Clarificación de "Cartera Propia"

La norma también actualiza la definición de "cartera propia" para ALyC y AN, abarcando operaciones para sí mismos, sus sociedades controladas/controlantes, miembros de sus órganos de administración/fiscalización, gerentes, empleados, socios, accionistas, y parientes cercanos. Esta clarificación busca delimitar con mayor exactitud las operaciones.

En definitiva, la CNV busca fortalecer los estándares de transparencia y concurrencia en las transacciones de fondos públicos y previsionales, privilegiando mecanismos de negociación más abiertos y competitivos para proteger el ahorro público y asegurar condiciones de mercado equitativas.