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Un decreto presidencial elimina la burocracia de los certificados de deuda de la ex Obras Sanitarias de la Nación, agilizando la compraventa de propiedades. ¿Un paso hacia la desregulación o un blanqueo de viejas deudas?
El Poder Ejecutivo Nacional ha dado un golpe de timón administrativo con la publicación del Decreto 1110/2024, que deroga los artículos 40 y 44 de la Ley N° 13.577. Esta medida, que entra en vigencia al día siguiente de su publicación, marca un antes y un después para el mercado inmobiliario argentino y para miles de ciudadanos.
La principal novedad es la eliminación del requisito de presentar un certificado de libre deuda de la ex Obras Sanitarias de la Nación (OSN) para realizar transferencias de dominio, incorporaciones a propiedad horizontal o constitución de derechos reales sobre inmuebles. Antes, este trámite era una verdadera odisea burocrática, ya que la OSN fue privatizada en 1993 y su liquidación concluida en 2000, dejando un limbo administrativo sobre estas deudas ancestrales.
Además, se quita la fuerza ejecutiva a las cuentas emitidas por la OSN por tasas, contribuciones o multas previas a su privatización. Esto significa que las viejas deudas de servicios sanitarios prestados antes del 1° de mayo de 1993, que ya eran difíciles de cobrar por prescripción o falta de documentación, ahora carecen de la vía judicial expedita que antes tenían.
Para el ciudadano común y las empresas, esta derogación es un alivio monumental. Comprar, vender o escriturar una propiedad se vuelve un proceso más ágil y menos costoso, al eliminar un paso burocrático obsoleto que generaba demoras y dolores de cabeza. La medida busca despejar el camino en las transacciones inmobiliarias, que a menudo se veían trabadas por la imposibilidad de obtener un certificado de una entidad que ya no existe o de deudas que, en muchos casos, estaban prescriptas o indocumentadas.
"Es espíritu de esta Administración garantizar una amplia libertad en la circulación de bienes o servicios; así como garantizar a los ciudadanos la simplificación de trámites y abreviación de plazos."
El Gobierno justifica la decisión en la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que declara la emergencia pública y delega facultades para la reorganización administrativa. Se argumenta que la emisión de certificados para deudas de más de 30 años era una "burocracia innecesaria e injustificada" que pesaba sobre la economía.
Un informe de 2019 reveló que, a agosto de 2018, existían 29.234 deudas de exusuarios de OSN por un monto que ascendía a $82.733.281,82. De estas, 28.723 estaban en "gestión judicial" por $78.103.035,01, pero con solo 154 juicios activos y una alarmante falta de respaldo documental. Claramente, la persecución de estas deudas era una batalla perdida, costosa y estéril para el Estado.
Esta medida es un claro ejemplo de la agenda desreguladora del actual gobierno, buscando "mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en atención del bien común". Se espera que esta simplificación impulse un poco más la actividad en el sector inmobiliario y de la construcción, al remover una traba administrativa que poco aportaba y mucho complicaba.
