¡ADIÓS AL PROGRAMA DE SALUD CARCELARIA! ¿Un golpe a los derechos o un ajuste necesario?

En un giro drástico que sacude los cimientos de la política sanitaria, el Ministerio de Salud ha decidido derogar el “Programa de Salud en Contextos de Encierro”, creado en 2012. La Resolución Ministerial N° 2/2025, firmada el 2 de enero de 2025, deja sin efecto la normativa que buscaba mejorar la calidad del acceso a la salud de las personas privadas de su libertad, tanto en establecimientos federales como provinciales.

¿Por qué se toma esta medida?

Según el propio Ministerio, el programa "ha carecido de operatividad" y "no se ha celebrado convenio alguno con las provincias" desde 2021, lo que impidió la implementación de acciones y la generación de informes de gestión. Además, se argumenta que "no se dispone de datos estadísticos, ni indicadores sanitarios" que demuestren una mejora en la toma de decisiones o beneficios basados en evidencia para la salud de la población carcelaria.

La cartera de salud sostiene que las jurisdicciones provinciales y penitenciarías federales ya cuentan con "sistemas de salud organizados", lo que generaba una "multiplicidad de organismos" interviniendo en la misma problemática. Esta decisión se enmarca en una "política de reorganización de su estructura y refuncionalización de programas" del Ministerio, y no implica, según la resolución, "erogación presupuestaria alguna".

¿Qué significa para los presos?

Aunque el Ministerio asegura que los sistemas provinciales y federales garantizan la atención, la derogación de un programa específico para esta población genera inquietud. La iniciativa original buscaba fomentar redes de atención intramuros-extramuros y estrategias de promoción, prevención y tratamiento integral. Ahora, la responsabilidad recae exclusivamente en los sistemas jurisdiccionales, lo que podría derivar en una descoordinación o menor supervisión nacional sobre la calidad de la atención.

La medida busca simplificar la gestión y evitar la duplicidad de esfuerzos, pero la falta de datos sobre el impacto real del programa es un punto crítico. ¿Se garantizó realmente la salud de los internos? ¿Serán los sistemas penitenciarios locales capaces de suplir esta ausencia sin un marco de cooperación nacional? La resolución delega en la Dirección Nacional de Gestión de Servicios Asistenciales la tarea de notificar las rescisiones de convenios, un proceso que estará bajo la lupa.

"La presente medida no implica erogación presupuestaria alguna", subraya el texto oficial, buscando aplacar posibles críticas sobre recortes en áreas sensibles.

Los ciudadanos comunes deben estar atentos a cómo se articula la atención sanitaria en las cárceles, ya que la salud de los privados de libertad es un indicador de la calidad del sistema de derechos en general. Manténgase informado a través de comunicados oficiales de las carteras de salud provinciales y de organismos de derechos humanos.