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La Inspección General de Justicia elimina el Registro de Entidades Inactivas (REI), una base de datos que no reflejaba la realidad y generaba confusión, especialmente ante organismos internacionales de control financiero.
La Inspección General de Justicia (IGJ) ha tomado una decisión drástica con la Resolución General 3/2025: derogar el controvertido Registro de Entidades Inactivas (REI). Esta medida, largamente esperada, busca poner fin a un sistema que, lejos de cumplir su función, generaba más dudas que certezas sobre la situación de miles de personas jurídicas en Argentina.
El REI, creado en 2014, había sido concebido para identificar y fiscalizar a las entidades que no presentaban sus declaraciones juradas. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en un "registro estático" que, a la fecha, contenía a 523.815 entidades cuyo estado de inactividad era, en el mejor de los casos, incierto. Muchas de estas empresas y organizaciones, a pesar de estar en el REI, seguían operando activamente, lo que distorsionaba la información y afectaba la transparencia.
La decisión de la IGJ no es arbitraria; responde a observaciones cruciales realizadas por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Estos evaluadores señalaron que el REI presentaba una "distorsión" que afectaba la transparencia y el control de las entidades, generando "información confusa".
"El REI no refleja la inactividad que la denominación del registro sugiere, ya que –en realidad– las entidades incluidas en dicho registro se trata de personas jurídicas privadas que –en su mayoría– realizan regularmente actividades tanto en el país como en el exterior." - IGJ.
Con esta derogación, la IGJ busca sanear su base de datos, mejorar la elaboración de estadísticas y ofrecer un panorama más fidedigno del universo corporativo. Es un paso hacia una mayor transparencia corporativa y la simplificación administrativa, aunque la IGJ aclara que "todas las obligaciones pendientes de las entidades para con este Organismo y la subsistencia de las atribuciones de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA para exigir su cumplimiento" se mantienen. Es decir, se elimina el registro, pero no las responsabilidades.
