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El Ministerio de Economía extiende hasta julio de 2026 la suspensión de ejecuciones fiscales y embargos para entidades sin fines de lucro y el sector de la salud, buscando aliviar la presión económica.
En una medida que trae un respiro para sectores cruciales, el Ministerio de Economía, a través de la Resolución 2109/2025, ha decidido prorrogar hasta el 31 de julio de 2026 la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares. Los grandes beneficiados de esta decisión son las entidades sin fines de lucro y los contribuyentes del sector de la salud.
Esta no es la primera vez que el Gobierno toma una medida similar. La resolución se enmarca en una serie de prórrogas que buscan morigerar la presión fiscal sobre estos actores, reconociendo las "circunstancias particulares" que atraviesan. La suspensión, que originalmente fue encomendada a la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y ahora recae en la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), es un claro gesto de protección.
"Subsisten, para las entidades sin fines de lucro y los contribuyentes pertenecientes al sector de salud... los motivos que llevaron a su dictado."
Esta prórroga es vital. Para el sector de la salud, que sigue lidiando con estructuras de costos complejas y, en muchos casos, tarifas desactualizadas, esta suspensión significa la posibilidad de reorganizar sus finanzas sin la espada de Damocles de un embargo. Para las ONGs, que dependen en gran medida de donaciones y financiamiento limitado, evitar juicios fiscales puede ser la diferencia entre seguir operando o cerrar sus puertas. Es una inyección de oxígeno que permite a estas instituciones seguir brindando servicios esenciales a la comunidad.
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