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El Gobierno de Milei extiende las drásticas restricciones para el personal público en 2026, manteniendo la política de '1 alta por 2 bajas' y congelando los lineamientos salariales. El achique estatal es un hecho, con impacto directo en miles de empleados.
La 'motosierra' de la austeridad sigue afiladísima en el Estado Nacional. El Decreto 934/2025, firmado por el presidente Milei y el Jefe de Gabinete E/E Diego César Santilli, prorroga para todo el año 2026 las estrictas restricciones a las designaciones y contrataciones de personal en el Sector Público Nacional. La regla es lapidaria: por cada dos bajas de personal (renuncias, jubilaciones, desvinculaciones, etc.), las jurisdicciones y entidades podrán disponer de una sola alta. Esta política, que ya rigió en 2025, busca 'mantener una planta de personal que se adecúe razonablemente a las estructuras y demandas del Sector Público Nacional', siempre bajo la premisa de un 'gasto público adecuado al mantenimiento del equilibrio fiscal'. En la práctica, esto significa una reducción progresiva de la dotación estatal, salvo contadas excepciones.
En sintonía con estas medidas de ajuste, la Decisión Administrativa 43/2025, firmada por el Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el Ministro de Economía Luis Andrés Caputo (con E/E Diego César Santilli), prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia de los lineamientos de política salarial establecidos originalmente en febrero de 2024. Esto significa que las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo Nacional seguirán operando bajo las mismas pautas de negociación salarial, con un claro objetivo de 'optimizar los recursos del ESTADO NACIONAL' y 'reducir el gasto público'.
En un contexto inflacionario, esta prórroga suele traducirse en una pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores del Estado, quienes deberán seguir lidiando con la inflación bajo un esquema de estricta austeridad gubernamental. La tensión entre el ajuste fiscal y las demandas salariales seguramente continuará siendo un tema central en la agenda. Ambas medidas, en conjunto, delinean un panorama de fuerte contención del gasto público en materia de personal, buscando la eficiencia a costa de la planta estatal y el poder adquisitivo de sus empleados.
