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La Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval Argentina desatan un aluvión de aumentos en sus servicios a terceros, con subas que superan el 128% en el sector naval, justificadas por la inflación y el costo operativo. El impacto en empresas y usuarios es inminente.
El Estado argentino pisa el acelerador en la actualización de tarifas, y esta vez, los sectores aeroportuario y marítimo son los protagonistas de un duro ajuste que golpeará el bolsillo de empresas y usuarios. Dos disposiciones publicadas en el Boletín Oficial revelan la magnitud de estos incrementos, que buscan compensar la galopante inflación y los costos operativos.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), mediante la Disposición 905/2025, ha actualizado el costo de sus "Servicios de Prestaciones Adicionales". Estos servicios, que van desde seguridad extra hasta el uso de equipamiento especializado, son contratados por aerolíneas, operadores de carga y otras empresas que operan en los aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA). La justificación es clara: los aumentos salariales de su personal y la escalada de precios de los equipos de seguridad. Esta medida, si bien busca sostener la operatividad y la motivación del personal, impacta directamente en los costos de aerolíneas y operadores aeroportuarios, y en última instancia, podría repercutir en el precio de los pasajes o servicios en los aeropuertos. La PSA ha optado por publicar un Anexo I (Público) con la tarifa total y un Anexo II (Reservado) con la discriminación de costos, lo que genera cierta opacidad en el detalle de la composición del tarifazo.
Por su parte, la Prefectura Naval Argentina (PNA) ha dado un golpe de timón aún más drástico con la Disposición 1114/2025, que establece un incremento del 128,9% en los valores de sus "Servicios a Terceros". Este ajuste, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC para diciembre de 2024 y el acumulado del año en curso, afectará a navieras, empresas de logística fluvial y lacustre, y a cualquier particular que requiera los servicios de la fuerza en aguas nacionales.
Como si fuera poco, la PNA estableció una fracción mínima de DOCE (12) horas para la prestación de sus servicios de unidades de superficie (guardacostas), debido al tiempo que demandan las tareas previas a la zarpada. Esto encarecerá aún más las operaciones puntuales, que antes podían facturarse por períodos más cortos.
Ambas disposiciones reflejan la presión inflacionaria sobre los organismos estatales y su necesidad de cubrir costos, pero generan una carga adicional significativa para las empresas y usuarios de estos servicios esenciales, que verán cómo sus costos operativos se disparan de un día para otro. La pregunta es: ¿quién pagará finalmente esta cuenta?
