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Una explosiva Resolución Conjunta impone un control férreo sobre los planes de retiros voluntarios y otras formas de desvinculación laboral en todo el sector público, buscando una drástica reducción del gasto estatal y de la dotación de personal. ¡El achicamiento del Estado avanza sin freno!
El Gobierno ha dado un paso gigantesco y polémico en su cruzada por la "reforma del Estado" y la "desregulación económica". Una nueva Resolución Conjunta 50/2025, firmada por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda, establece un control estricto y centralizado sobre todos los planes de retiros voluntarios y otras formas de desvinculación laboral en el vasto universo del sector público nacional. ¡Prepárense para una verdadera purga burocrática!
La normativa es clara y contundente: cualquier organismo descentralizado, entidad pública o empresa con participación estatal mayoritaria que quiera implementar planes de retiro voluntario o similares, deberá contar con la intervención favorable previa y obligatoria de la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y de la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. En el caso de la Administración Pública Nacional Centralizada, el diseño y aprobación recae directamente en la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, siempre con el visto bueno de Hacienda. Esto significa que nadie podrá decidir un retiro voluntario sin la luz verde de la cúpula económica y de "transformación".
Esta medida es un mazazo para la estabilidad laboral en el sector público. Si bien se presenta como una forma de "fomentar un adecuado y racional nivel de dotación", en la práctica, es una herramienta para acelerar el achicamiento del Estado y la reducción de personal. Para los empleados públicos, genera una enorme incertidumbre y presiona para que consideren la opción del retiro, sabiendo que las condiciones serán dictadas desde arriba. Para la sociedad, implica un cambio estructural en la provisión de servicios públicos, que podrían verse afectados por la reducción de personal. La justificación oficial es la "reducción apreciable del gasto público", pero la contracara es la precarización y la pérdida de puestos de trabajo.
Esta resolución se enmarca en la agresiva política de "desregulación económica y reforma del Estado" impulsada por el Poder Ejecutivo. El objetivo declarado es simplificar y reducir el tamaño del Estado, ajustándolo a los "requerimientos presupuestarios". La norma exige una documentación exhaustiva para cada propuesta de retiro: desde la fundamentación y el detalle de la dotación alcanzada, hasta las condiciones de acceso, la modalidad de pago, el monto, los beneficios adicionales y la certificación de suficiencia presupuestaria. Además, se deberá notificar cada adhesión con datos precisos como CUIL, nombre, monto total y cuotas de pago. Esto implica una centralización absoluta del control sobre el gasto en personal y las salidas laborales.
"El Poder Ejecutivo Nacional impulsa una política de desregulación económica y reforma del Estado, que conlleva entre otros, el establecimiento de medidas tendientes a lograr la simplificación y reducción del Estado, asegurando la concreción de los objetivos impuestos y la mejora sustancial en la calidad de vida de los argentinos."
La implicación es clara: el Gobierno busca disciplinar a los organismos públicos para que se alineen con la política de austeridad. Los ciudadanos deben estar atentos, ya que la "mejora sustancial en la calidad de vida de los argentinos" prometida con la reducción del Estado aún está por verse, y a menudo, recae sobre los más vulnerables. Esta medida es un punto de inflexión para el futuro del empleo público en Argentina.
