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El Ejecutivo provincial estableció un rígido marco para la programación presupuestaria 2026, buscando "saneamiento financiero" y mayor eficiencia. Se endurecen las reglas para el otorgamiento y la devolución de subsidios, y se fijan límites estrictos a las erogaciones, con excepciones para áreas clave.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Decreto N° 22/2026, ha lanzado un plan de ajuste y control fiscal que promete sacudir la gestión de los recursos públicos en 2026. La normativa busca "sostener un proceso de saneamiento financiero" y exige un mayor grado de eficiencia en el uso de los fondos estatales. La medida central es la facultad del Ministro de Economía para fijar límites máximos mensuales y trimestrales de compromiso de gastos para todas las jurisdicciones y entidades del Sector Público Provincial.
Una de las modificaciones más resonantes es la del artículo 27 del Decreto N° 124/23, que ahora establece que todas las sumas transferidas en concepto de subsidio que no sean utilizadas o ejecutadas en plazo deberán restituirse actualizadas. La novedad es que la actualización se calculará aplicando la tasa pasiva plazo fijo a treinta (30) días del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde el día siguiente al vencimiento y hasta la efectiva devolución. Esto representa un cambio significativo, ya que los beneficiarios de subsidios deberán ser mucho más cuidadosos con los tiempos de ejecución, o enfrentar costos financieros importantes. Solo habrá excepciones fundadas para eximir de esta obligación.
Además, se establecen nuevos umbrales para la aprobación de subsidios: aquellos que superen los PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000) para personas jurídicas y PESOS QUINCE MILLONES ($15.000.000) para municipios, deberán ser aprobados directamente por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, hay excepciones notables para subsidios destinados a vivienda, integración urbana, parques industriales (hasta $60.000.000 para municipios y $40.000.000 para personas jurídicas), educación universitaria (hasta $90.000.000), ambiente (hasta $30.000.000 para municipios y $15.000.000 para personas jurídicas) y transporte (hasta $30.000.000 para municipios).
También se exceptúan de la programación presupuestaria trimestral ciertos gastos, como multas y recargos, gastos del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI), gastos reservados del Ministerio de Seguridad, primas de seguros y servicios básicos, lo que indica prioridades en la asignación de recursos. Este decreto subraya un fuerte control centralizado sobre el gasto público, buscando una administración más austera y disciplinada en la provincia.
27 de enero de 2026
2 de febrero de 2026
2 de febrero de 2026