Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Gobierno homologa un incremento salarial minúsculo para empleados estatales y residentes de salud del 1.50% en enero y 1.20% en febrero, generando controversia en un contexto de ajuste fiscal y alta inflación.
En un contexto de inflación galopante y fuerte ajuste fiscal, el Gobierno nacional ha homologado, mediante los Decretos 112/2025 y 113/2025, un incremento salarial que promete ser polémico para la Administración Pública Nacional. Los empleados permanentes y no permanentes verán sus retribuciones mensuales, normales, habituales, regulares y permanentes aumentadas en un 1.50% a partir del 1° de enero de 2025 y un 1.20% adicional a partir del 1° de febrero de 2025. Estos porcentajes se aplican sobre las retribuciones vigentes al 31 de diciembre de 2024 y 31 de enero de 2025, respectivamente.
La medida, que surge de un Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General, excluye el Suplemento por Función Ejecutiva, una señal clara de que el ajuste busca impactar en la base de la pirámide salarial. Además, se establecen topes para los servicios extraordinarios: $669.033 desde enero y $677.061 desde febrero, cifras que, en un país con alta inflación, pueden quedar rápidamente desfasadas.
Pero no solo el personal general se ve afectado. El Decreto 112/2025 también detalla un aumento para los Profesionales Residentes Nacionales del Ministerio de Salud y del Hospital Garrahan, con montos que varían según el año de residencia. Por ejemplo, un Jefe Residente pasará a ganar $1.246.149 en enero y $1.261.103 en febrero, mientras que un Residente de 1° Año percibirá $944.980 y $956.320 respectivamente.
El Decreto 113/2025, por su parte, ajusta otras retribuciones específicas:
"Estos incrementos, que parecen una gota en el océano inflacionario, reflejan la dura realidad de las negociaciones paritarias en un contexto de austeridad fiscal. La pregunta es si serán suficientes para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales."
Para el ciudadano común, esto significa que el costo de la burocracia estatal podría no crecer tan rápidamente como la inflación, pero la capacidad de consumo de miles de familias se verá comprometida. Estar atento a futuras actualizaciones salariales será clave, ya que estos porcentajes difícilmente compensarán el ritmo de los precios.
