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Desde Barranqueras hasta Posadas, la Aduana notifica a una larga lista de implicados en sumarios contenciosos, con advertencias de multas que superan los 4 millones de pesos, destino incierto de mercaderías y nulidades en procesos legales. ¡El cerco aduanero se cierra!
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (AFIP), a través de sus divisiones de Aduana en Barranqueras, Bernardo de Irigoyen, Paraná y Posadas, ha emitido una serie de avisos oficiales que ponen en jaque a decenas de ciudadanos, involucrados en sumarios contenciosos por presuntas infracciones aduaneras. Estas notificaciones, publicadas en el Boletín Oficial, revelan la ferrea vigilancia sobre el comercio exterior y el ingreso de mercaderías al país.
En Barranqueras, la Aduana ha declarado la nulidad desde la rebeldía en un sumario contencioso para Gustavo Alejandro Romero (DNI 31.435.627) y Mónica Mariela Hoyos (DNI 25.518.632), lo que podría significar un giro en sus casos, para bien o para mal.
La Aduana de Bernardo de Irigoyen ha notificado el archivo provisorio y la destrucción o donación de mercadería para un grupo de personas (entre ellos Diego Marcelo Antunez, DNI 33.864.496; Marcos Daniel Padilla, DNI 34.393.620; y Juan Rafael Ernesto Rivas, DNI 35.010.012, entre otros) cuyos domicilios se desconocen o se encuentran en el extranjero. Un golpe para quienes vieron sus bienes confiscados y ahora, sin aviso, los pierden definitivamente.
Pero el plato fuerte viene de Paraná, donde la Aduana ha corrido vista de sumarios contenciosos con multas que alcanzan cifras escalofriantes. Walter Sotelo Raúl (DNI 26.017.898) enfrenta una multa de $2.638.020,16, mientras que Salas Crispín Manuel (DNI 41.382.942) podría pagar $4.002.649,63. Los imputados tienen diez días hábiles para presentar sus defensas o, en un intento por "salvarse", abandonar la mercadería y pagar la multa mínima para extinguir la acción penal. Una verdadera encrucijada para el bolsillo.
Finalmente, la Aduana de Posadas también ha movido fichas, notificando liquidaciones tributarias en dólares por infracciones, con montos significativos como los U$D 33.487,35 para Cristián Guzmán Olivera (DNI 32.007.850). Además, otros implicados (como Lucía Núñez, DNI 95.001.955, y Natalia Galeano Domínguez, CI 4.969.695) son intimados a dar un destino permitido a su mercadería bajo apercibimiento de rezago. Estos avisos son un claro mensaje: la AFIP no baja la guardia y la lucha contra las infracciones aduaneras se mantiene más firme que nunca, con consecuencias directas y severas para los implicados.
