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El Banco Central no da tregua y emplaza a varias firmas y personas por supuestas infracciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario. ¿Quiénes están en la mira y qué significa esta ofensiva regulatoria en un mercado tan volátil? La justicia cambiaria, implacable.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado una serie de emplazamientos judiciales contra diversas empresas y particulares, citándolos a comparecer ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. La base de estas acciones es el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), una normativa que habilita al BCRA a investigar y sancionar cualquier operación que viole las regulaciones del mercado de cambios.
Entre los involucrados, se destacan:
Todos ellos tienen un plazo de 10 o 15 días hábiles bancarios para presentarse en las oficinas del BCRA, bajo la advertencia de ser declarados en rebeldía. Para aquellos que necesiten asistencia legal, el BCRA informa sobre la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo los del Ministerio Público de la Defensa. Esta es una advertencia clave para los ciudadanos y empresas: la vigilancia del BCRA es constante.
Este tipo de edictos son una muestra constante de la férrea vigilancia que el BCRA ejerce sobre el mercado cambiario argentino. En un país con un historial de restricciones y controles de capital, la Ley 19.359 es una espada de Damocles para quienes operan fuera de las normas establecidas. Para la sociedad, estos avisos resaltan la importancia de operar dentro del marco legal al realizar transacciones con moneda extranjera. Para las empresas y particulares citados, se abre un proceso legal que podría derivar en sanciones económicas significativas, afectando su reputación y operatoria. La proliferación de estos sumarios subraya la complejidad y la sensibilidad del régimen cambiario actual y la determinación del ente rector de hacer cumplir sus disposiciones.
