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El Banco Central intensifica su control y emplaza a una empresa y a varios particulares por presuntas infracciones al Régimen Penal Cambiario. ¡Diez días para comparecer o enfrentar la rebeldía!
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado una serie de emplazamientos públicos que tienen en vilo a una empresa y a varios particulares. Se trata de avisos oficiales que citan a los mencionados a comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, bajo la amenaza de ser declarados en rebeldía si no lo hacen en el plazo estipulado. Estos movimientos del BCRA no son un cambio de normativa, sino una clara señal de la intensificación de la vigilancia y el control sobre las operaciones cambiarias en el país.
En concreto, la firma Harinas y Comestibles Don Piro SA (CUIT 30-71535448-5), junto a los ciudadanos Alejandro Lowcewicz (DNI 29.140.731), Andrés Eduardo Lowcewicz (DNI 25.900.568), Domingo Palma (DNI 12.344.036) y Esteban Alejandro García (DNI 23.157.373), han sido citados por presuntas infracciones al Régimen Penal Cambiario, establecido por la Ley 19.359. Tienen un plazo perentorio de diez días hábiles bancarios para presentarse en las oficinas de Reconquista 266, CABA, y "estar a derecho" en los sumarios que se les siguen.
Para los directamente involucrados, la incomparecencia es un paso en falso que puede tener graves consecuencias, permitiendo que el BCRA avance con el sumario y declare su rebeldía, lo que debilita enormemente su posición legal. Para el resto de la sociedad y las empresas, estos edictos son un recordatorio contundente de que, en Argentina, las operaciones con divisas extranjeras están bajo la lupa. El contexto de fuertes restricciones cambiarias y la persistente brecha entre los distintos tipos de cambio hacen que el control sea una prioridad para el organismo monetario.
"La Ley 19.359 es la espada de Damocles sobre quienes operan en el mercado de cambios sin la debida autorización o en infracción a la normativa vigente", advierte un analista del sector.
Es fundamental que cualquier actor económico o particular que realice transacciones con moneda extranjera esté extremadamente atento a la normativa del BCRA y, ante cualquier duda o notificación, busque asesoramiento legal especializado de inmediato. La omisión o el desconocimiento no eximen de responsabilidad y pueden derivar en sanciones económicas y penales significativas. El mensaje es claro: el BCRA no baja la guardia.
