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Una sorpresiva medida de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor suspende por 365 días las nuevas inscripciones al Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores. ¿Buscan depurar el sistema o silenciar voces críticas? El futuro de la defensa del consumidor, en vilo.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Economía, ha desatado una verdadera bomba para las organizaciones de la sociedad civil con la Disposición 3/2025. A partir de ahora, y por un plazo de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días, quedan suspendidas todas las solicitudes de inscripción al Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores.
En la práctica, ninguna nueva asociación civil, cooperativa o fundación podrá registrarse a nivel nacional con el fin de defender los derechos de los consumidores durante todo un año. Aunque la disposición aclara que no afecta a las asociaciones ya inscriptas, ni a los registros provinciales, la decisión genera un fuerte impacto en el ecosistema de la defensa del consumidor.
El Gobierno justifica esta drástica pausa argumentando que se encuentra en un proceso de "revisión integral del régimen de asociaciones de consumidores". El objetivo sería "actualizar, adecuar y simplificar" dicho régimen, ponderando criterios de representatividad, modalidades de autofinanciamiento y planes de acción futura, tal como lo prevé la Ley N° 24.240. Se menciona que, incluso, podría ser necesario un "reempadronamiento de las existentes" una vez concluido el proceso de revisión.
Esta medida, aunque presentada como una búsqueda de eficiencia, levanta sospechas sobre una posible restricción a la libertad de asociación y a la capacidad de los ciudadanos de organizarse para defender sus derechos. Limitar la entrada de nuevas voces al registro nacional podría debilitar la representación de los consumidores y reducir la diversidad de enfoques en un ámbito crucial. ¿Se trata de una purga o de una genuina optimización del sistema? Solo el tiempo lo dirá, pero la incertidumbre es palpable. Los ciudadanos y las organizaciones existentes deberán estar doblemente alertas sobre los próximos pasos de esta revisión integral.
11 de noviembre de 2025
11 de febrero de 2026

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