Una verdadera purga se ha desatado en el sector de la economía social. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), con sede en Av. Belgrano 1656, CABA, ha emitido una serie de avisos oficiales que golpean con fuerza a cooperativas y mutuales de todo el país. En un movimiento que genera gran preocupación, el organismo ha decidido:
- Retirar la autorización para funcionar a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA NUEVA DE MONTE RICO LIMITADA (matrícula Nº 9.497, Tucumán), aplicando el artículo 101, inciso 3 de la Ley N.º 20.337. Esta medida es un golpe directo a los servicios esenciales en la localidad de Chicligasta.
- Cancelar la inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas a seis entidades de trabajo, consumo y vivienda, incluyendo a “POSTAS NEUQUINAS”, FRANCISCO DE ASIS, 26 DE OCTUBRE, “HUNCUL”, MIRAMAR LTDA y “NEUQUEN CATERING” LTDA, con matrículas que van desde la N° 12.850 hasta la N° 30.741.
- Cancelar la inscripción en el Registro Nacional de Mutualidades a cuatro asociaciones, todas de Salta: MUTUAL DE EMPLEADOS DE TRASPORTE DE OMNIBUS, ASOCIACION MUTUAL DE SERVICIOS SOCIALES SEÑOR DEL MILAGRO, ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE MOLISAN y ASOCIACION MUTUAL 15 DE SEPTIEMBRE, con matrículas que van desde la N° SALTA 59 hasta la N° SALTA 128.
- Pero lo más impactante es la revocación, por 'contrario imperio', de la autorización para funcionar a 14 cooperativas adicionales, muchas de ellas de trabajo y construcción, con domicilios en Buenos Aires y Tucumán. Entre ellas se encuentran SUR SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA, BENDITA ALIMENTACIÓN LIMITADA, VIA SUR LIMITADA, HABITAR SUSTENTABLE LIMITADA, LAS LYLA’S LIMITADA, TEXTIL AGUJASTUC LIMITADA, CONSTRUCCION PARA TODOS LIMITADA, RECICLADOS OCT LIMITADA, TEX-AR LIMITADA, CONSTRUC-SIV LIMITADA, CONSTRUCCIONES BARRIO LA PILA LIMITADA, AGRARIA PARA TODOS LIMITADA, CONSTRUCCIONES TUC LIMITADA y LADRILLERA ROJO OCT LIMITADA. Varias de estas cooperativas, con CUITs identificados, enfrentan un futuro incierto tras la anulación de sus permisos originales.
Esta ofensiva del INAES, amparada en decretos recientes como el 695/24, no solo afecta directamente a los miembros de estas 24 entidades, sino que envía una señal de mayor control y rigor sobre el sector de la economía social. Las entidades afectadas tienen plazos que van de 5 a 30 días hábiles para presentar recursos administrativos, una lucha contra el reloj para su supervivencia.
