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Un nuevo decreto prorroga por meses la entrada en vigencia de cambios fundamentales en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). ¿Significa un freno a la modernización o una tregua para los empleados estatales?
El Decreto 804/2025 ha caído como un balde de agua fría para quienes esperaban reformas estructurales en el empleo público. En una movida que ya se ha vuelto costumbre, el Gobierno ha decidido prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2025 la entrada en vigencia de varias modificaciones cruciales en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Estas modificaciones, acordadas en junio y reabiertas en julio de 2025, incluyen la incorporación del Artículo 24 bis y la derogación de los artículos 19, 20, 38 y 84, y el inciso 3.2. del artículo 78 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SINEP. En criollo: se pospone, una vez más, la implementación de un nuevo Régimen de Dirección Pública que venía a reordenar las funciones y las carreras de los directivos y el personal estatal.
La justificación oficial es que se necesita tiempo para una 'revisión integral' y para 'evaluar los mecanismos necesarios' para la implementación del nuevo régimen. Sin embargo, la constante postergación de estas reformas genera un manto de incertidumbre sobre el futuro de la administración pública y la modernización del Estado. Mientras tanto, las disposiciones que regían antes del Decreto N° 788/19, con sus respectivas modificaciones, seguirán siendo la ley para miles de empleados públicos.
Esta decisión, que afecta directamente a la carrera administrativa y las condiciones laborales de un vasto sector de trabajadores estatales, mantiene el status quo y frena cualquier intento de agilizar o reestructurar el funcionamiento del personal público. ¿Es una señal de cautela ante cambios profundos o una falta de decisión política para avanzar con las transformaciones prometidas? El tiempo lo dirá, pero la burocracia, por ahora, respira aliviada.
