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Una resolución conjunta entre Defensa y Seguridad crea una mesa de coordinación permanente, formalizando el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas limítrofes. ¿Es el fin de la histórica división de roles?
¡Alerta máxima en las fronteras argentinas! El Boletín Oficial acaba de publicar una resolución conjunta explosiva entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad Nacional que redefine el mapa de la seguridad del país. La Resolución Conjunta 68/2025 crea la 'Mesa Conjunta de Coordinación', un organismo interministerial permanente con un objetivo impactante: permitir a las Fuerzas Armadas complementar el accionar de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en las delicadas Zonas de Seguridad de Fronteras.
Este movimiento, lejos de ser un mero trámite, es un giro trascendental. Tradicionalmente, la Ley de Defensa Nacional (N° 23.554) y la Ley de Seguridad Interior (N° 24.059) mantenían un muro infranqueable: Fuerzas Armadas para defensa externa, fuerzas de seguridad para el orden interno. Sin embargo, amparándose en decretos recientes (N° 1112/24 y N° 454/25), esta resolución diluye esa histórica división, formalizando una mayor presencia militar en tareas de seguridad interior.
La flamante Mesa Conjunta planificará, coordinará y supervisará operativos territoriales con una estructura de tres niveles de mando: desde los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich hasta las jefaturas operativas. Esto significa que veremos a nuestros soldados patrullando codo a codo con gendarmes en áreas limítrofes sin pasos fronterizos o zonas urbanas. El objetivo declarado: "intensificar la vigilancia y el control" contra el crimen organizado.
Para el ciudadano, la medida implica mayor presencia estatal y controles potencialmente más estrictos en fronteras. Mientras el gobierno busca reforzar la seguridad, la pregunta crucial es: ¿hasta dónde llega este "complemento" sin cruzar la delgada línea de la militarización de la seguridad interna, y qué implicancias tiene para los derechos y libertades? La resolución destaca que no habrá "erogación presupuestaria adicional", generando interrogantes sobre la financiación. Un paso audaz que promete encender el debate nacional.
