¡Alerta en las Escuelas Bonaerenses! Millones en Juego para Garantizar el Servicio Alimentario Escolar

La Dirección General de Cultura y Educación, a través de los Consejos Escolares, puso en marcha dos licitaciones de alto impacto para la comunidad educativa. Por un lado, el Consejo Escolar de Bahía Blanca lanzó una Licitación Pública N° 1/2026 con un presupuesto estimado de más de $1.047 millones. ¿El objetivo? Contratar la provisión de productos del Servicio Alimentario Escolar (SAE), que incluye desayunos, meriendas, comedores, patios abiertos y orquesta escuela. Una cifra que demuestra la magnitud del desafío de alimentar a miles de estudiantes.

Por otro lado, el Consejo Escolar de General Arenales convocó a una Contratación Directa N° 20/2026 por más de $44 millones para la compra de alimentos del SAE para el mes de marzo de 2026. Aunque de menor cuantía, esta contratación directa subraya la urgencia y la necesidad constante de asegurar la comida en las escuelas, un pilar fundamental para el desarrollo y el aprendizaje de los chicos.

Estas licitaciones son un termómetro de la importancia crítica del SAE en la provincia. No se trata solo de comida, sino de garantizar el acceso a la educación y el bienestar de los alumnos, muchos de los cuales dependen de este servicio para una alimentación adecuada. Los fondos millonarios en juego demuestran la escala del compromiso estatal en esta materia, pero también la presión sobre los proveedores para cumplir con calidad y en tiempo. La transparencia en estos procesos es clave para la confianza pública.

El plato fuerte de la educación

Para los padres y alumnos, estas noticias son un alivio y una garantía. El SAE es un salvavidas para muchas familias y su correcta ejecución impacta directamente en la asistencia escolar y el rendimiento académico. Sin embargo, la historia del SAE está llena de controversias y denuncias, lo que obliga a una vigilancia constante sobre cómo se gastan estos fondos y la calidad de los productos que llegan a las mesas escolares. Estar informados sobre estas licitaciones es vital para fiscalizar el destino de los recursos públicos y asegurar que cumplan su verdadero propósito.