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La solicitud de licencia de Lautaro Guido como martillero y corredor público en Quilmes desata un plazo de 15 días hábiles para objeciones. Un trámite que, aunque rutinario, es crucial para su ingreso al mercado inmobiliario y para la transparencia del sector.
El Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires publicó un aviso que podría definir el futuro profesional de un ciudadano en Quilmes. Se trata de la solicitud de licencia de Lautaro Guido, DNI N° 34.983.554, para ejercer como Martillero y Corredor Público en el Departamento Judicial de Quilmes. Este trámite, amparado en la LEY N° 10.973 y su Decreto Reglamentario 3630/91, es un paso ineludible para cualquier persona que aspire a operar en el competitivo mercado inmobiliario y de subastas.
La publicación no es un cambio normativo, sino la aplicación de la legislación vigente a un caso particular. Lautaro Guido, domiciliado en Juan B. Justo, Don Bosco, Quilmes, ha presentado su pedido ante el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos. A partir de esta difusión, se abre un período crítico de quince días hábiles para que cualquier persona o entidad con intereses legítimos pueda presentar oposiciones fundadas a la habilitación de Guido. La sede para estas presentaciones es la calle H. Primo 281 de Quilmes.
Para el ciudadano común, este aviso es un recordatorio de la importancia de la regulación en profesiones clave. Garantiza que quienes operen en la compra-venta y tasación de propiedades sean personas idóneas y sin impedimentos legales. Para el sector inmobiliario de Quilmes, la eventual aprobación de esta licencia significaría la incorporación de un nuevo actor al mercado, aumentando la oferta de servicios.
"La transparencia en el otorgamiento de licencias es fundamental para la confianza pública en el sector inmobiliario", reza el espíritu de estas normativas.
Si no se presentan objeciones válidas en el plazo estipulado, Lautaro Guido obtendrá su matrícula, sumándose a la lista de profesionales habilitados. En caso contrario, el Colegio deberá evaluar las oposiciones y tomar una decisión que podría retrasar o incluso denegar su ingreso. Este proceso, aunque técnico, resalta la vigilancia y el control que los colegios profesionales ejercen para proteger a los consumidores y asegurar la ética en sus respectivas actividades.
