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La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” formaliza la 'disponibilidad' para el personal del disuelto Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales. Cientos de trabajadores quedan en un limbo laboral, con un plazo máximo de 12 meses antes de la desvinculación definitiva, en una medida que sacude al sector científico-sanitario.
Tiempos de incertidumbre para los científicos y técnicos del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (CNIN), dependiente del prestigioso Instituto Malbrán. A través de la Disposición 217/2026, la ANLIS oficializó lo que muchos temían: el personal de planta permanente con estabilidad adquirida, proveniente del disuelto CNIN (por Decreto N° 192/26), ha sido puesto en situación de disponibilidad.
Esta medida, enmarcada en la Ley de Empleo Público Nacional N° 25.164 y reglamentada por el Decreto N° 1421/02, significa que los trabajadores afectados entran en un período de hasta DOCE (12) meses en el que deberán someterse a capacitaciones o ser reasignados a tareas en servicios tercerizados del Estado. La espada de Damocles pende sobre ellos: si al cabo de ese año no consiguen una nueva relación laboral dentro de la Administración Pública, serán automáticamente desvinculados, aunque con derecho a una indemnización.
La decisión surge tras la disolución del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales, un organismo que, desde 1996, formaba parte del Malbrán. Esta eliminación se inscribe en la política de 'desregulación y transformación del Estado' impulsada por el actual gobierno, buscando una reducción de la 'dotación óptima necesaria' de personal. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ya había aprobado el 'Régimen de Personal en Situación de Disponibilidad' en agosto de 2024, sentando las bases para este tipo de acciones.
'Esta medida es un golpe duro para la investigación en nutrición en Argentina y genera una enorme preocupación por el futuro de nuestros profesionales', comentó un especialista del sector que prefirió mantener el anonimato.
Si bien es un tema que afecta directamente a los empleados públicos, la disolución de un centro de investigaciones nutricionales podría tener consecuencias a largo plazo en la capacidad del Estado para generar conocimiento y políticas públicas en un área tan sensible como la alimentación y la salud. Es crucial que los ciudadanos comprendan que estas decisiones no solo impactan en números, sino en la capacidad científica y sanitaria del país. La disposición garantiza el crédito presupuestario para afrontar la medida, lo que sugiere que la desvinculación con indemnización es un escenario contemplado y costeado.
