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El Ente Nacional de Comunicaciones, bajo intervención, canceló de un plumazo 11 programas y convocatorias vitales para la conectividad y el acceso digital. Cooperativas, PyMEs y zonas desatendidas quedan a la deriva, mientras el Estado achica su rol en la inclusión digital.
¡Bomba en ENACOM! El organismo encargado de las comunicaciones en Argentina, intervenido y con facultades extraordinarias, acaba de dar un golpe bajo a la inclusión digital. A través de la Resolución 956/2025, se decidió dar de baja nada menos que once programas y convocatorias que buscaban garantizar el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todo el país. La excusa: "falta de interés por parte del sector al cual fueron destinado".
Entre los programas eliminados se encuentran iniciativas cruciales para:
Esta decisión del Interventor, Juan Martin Ozores, marca un cambio drástico en la política de Servicio Universal, que por ley debería garantizar el acceso a las TIC a todos los habitantes "en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica, ingreso o capacidades". Al retirar estos programas, el Estado se desentiende de una parte de esa responsabilidad, dejando a la suerte del mercado la conectividad de vastos sectores y regiones. ¿Estamos frente a un abandono de la inclusión digital en Argentina? El tiempo lo dirá, pero el impacto inicial es alarmante para quienes dependían de estos fondos para achicar la brecha digital.
"Los fundamentos oportunamente esgrimidos para determinar su necesidad de los referidos programas y/o convocatorias resultaron válidos pero que la falta de interés por parte del sector al cual fueron destinado, impone que los mismos sean dados de baja sin mayor análisis."
Contradicción: La justificación de "falta de interés" choca con la necesidad de Servicio Universal. ¿Se evaluaron las barreras de acceso a esos programas o simplemente se optó por la cancelación como solución fácil?
Para el ciudadano común: Si tu cooperativa, PyME o comunidad dependía de estos programas para mejorar su conectividad, es fundamental que busques alternativas y te informes sobre el impacto local de esta medida. La conectividad es un derecho, y esta resolución lo pone en jaque.
18 de febrero de 2026
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