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La Subsecretaría de Energía Eléctrica extiende por 30 días el plazo para que las distribuidoras deudoras y beneficiarias de créditos se pongan al día, evitando un colapso en el sector. ¿Un salvavidas o una patada para adelante?
En un movimiento que genera más preguntas que certezas, el Ministerio de Economía ha vuelto a prorrogar, por TREINTA (30) días corridos, el plazo crucial para que las distribuidoras de energía eléctrica adhieran a los regímenes especiales de pago y crédito. Esta es la segunda extensión en pocos meses, lo que evidencia las dificultades que enfrentan estas empresas para cumplir con los requisitos.
La medida, oficializada por la Disposición N° 3/2025 de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, da más aire a las distribuidoras y cooperativas que mantienen deudas con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) o con el propio MEM (Mercado Eléctrico Mayorista). Originalmente, el Decreto N° 186/2025 había establecido estos regímenes para regularizar obligaciones y otorgar créditos a quienes estuvieran al día hasta el 31 de diciembre de 2023 y hubieran cancelado todo 2024. La Disposición N° 1/2025 fijó 60 días iniciales, que luego fueron prorrogados por 30 días más, y ahora, otros 30.
El argumento oficial es que "algunas Distribuidoras y/o Cooperativas... aún se encuentran produciendo la documentación necesaria". Esto sugiere una burocracia pesada o una situación financiera precaria en el corazón del sistema de distribución eléctrica. Para el ciudadano común, esta medida es un síntoma de la fragilidad del sistema energético. Si las distribuidoras no logran regularizar su situación, ¿quién pagará la factura? La estabilidad del suministro eléctrico podría verse comprometida a largo plazo si no se resuelven los problemas de fondo.
"Esta prórroga, si bien necesaria para evitar un default masivo en el sector, no resuelve la raíz del problema de financiamiento y sostenibilidad de muchas distribuidoras." - Analista del sector energético.
Es fundamental seguir de cerca cómo estas empresas aprovechan este nuevo plazo y si el Gobierno logra estabilizar un sector clave para la economía y la vida diaria de millones de argentinos. La falta de cumplimiento podría generar tensiones en la cadena de pagos y, eventualmente, impactar en la calidad del servicio.
