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La Secretaría de Energía desata una ola de resoluciones que impactan directamente el bolsillo de los argentinos. Desde el biodiesel hasta las garrafas, los valores de referencia se ajustan en un delicado equilibrio entre el mercado y la protección social.
El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, ha emitido dos resoluciones clave para diciembre de 2024, evidenciando una fuerte intervención estatal en el sector energético. Estas medidas buscan estabilizar costos y proteger a consumidores, generando debate sobre la libertad de mercado.
La Resolución 393/2024 fijó el precio mínimo de adquisición del biodiesel en $1.064.595 por tonelada para este mes. Enmarcada en la Ley N° 27.640, esta decisión busca evitar distorsiones en los precios del gasoil en surtidor y asegurar retribución a productores. Para la industria de biocombustibles, garantiza ingresos, pero para las refinadoras, impone un costo fijo. El plazo máximo de pago se estableció en siete días corridos, impactando la liquidez. Una clara señal de control estatal sobre un insumo estratégico.
En paralelo, la Resolución 394/2024 actualiza los precios de referencia del Gas Licuado de Petróleo (GLP). Esta medida es de vital importancia social, ya que afecta directamente al Programa Hogares con Garrafas (HOGAR), beneficiando a miles de familias sin acceso a gas natural. La Secretaría de Energía justifica el ajuste por la variación en costos de producción y distribución.
'El objetivo esencial de la Ley N° 26.020 es asegurar el suministro regular, confiable y económico de GLP a sectores sociales residenciales de escasos recursos.'
Esta acción manifiesta la tensión entre la retórica de libre mercado (Decreto N° 70/2023) y la necesidad de intervención estatal para proteger a los consumidores, tal como lo establece el Artículo 42 de la Constitución Nacional. Para el ciudadano común que depende de la garrafa, esta actualización podría significar un ajuste en su subsidio o en el precio final. Ambas resoluciones, vigentes desde principios de diciembre, son transitorias, 'hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace', confirmando que el Estado sigue siendo el árbitro de los precios energéticos en Argentina.
2 de abril de 2025
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