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Una movida audaz del Organismo Provincial de Contrataciones para "domar" los precios de los fármacos. Se modifica el cálculo del valor de referencia, ¿quién gana y quién pierde en esta batalla millonaria?
El Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires sacudió el tablero con dos resoluciones que impactan de lleno en el bolsillo estatal y en el negocio farmacéutico. La Resolución N° 30-OPCGP-2026 sienta las bases, reafirmando al Organismo Provincial de Contrataciones (OPC) como la autoridad máxima para fijar la "razonabilidad de precios" en las compras públicas. Pero el verdadero golpe de timón llega con la Resolución N° 17/2022, que no es nueva en su título, pero ahora se modifica sustancialmente para los "Medicamentos Bonaerenses". Hasta ahora, el cálculo del "Valor de Referencia" (VR) para insumos farmacéuticos se hacía con un coeficiente de 1,5 sobre el Precio de Venta al Público (PVP). Sin embargo, un estudio lapidario del Ministerio de Salud reveló que los precios adjudicados eran mucho más bajos que los estimados. ¡Una diferencia abismal! Para los 75 Medicamentos Bonaerenses, el descuento real llegaba al 71,5% del PVP, muy por encima del 66,7% teórico. Ante esta "distorsión", el OPC decidió actuar: se incorpora un nuevo coeficiente de 2,1 exclusivamente para estos 75 medicamentos. ¿El objetivo? Que el precio de referencia se ajuste más a la realidad del mercado público, donde las compras en volumen permiten descuentos mayores. Esto se traduce en un descuento teórico del 52,4% respecto al PVP, buscando mayor eficiencia y transparencia en el gasto público. Para las empresas farmacéuticas, esto implica una presión a la baja en los precios de venta al Estado. Para el ciudadano, la promesa es una optimización de los recursos que podría significar más medicamentos para la misma inversión. ¿Será suficiente para calmar las aguas o encenderá nuevas disputas con la industria?
Este ajuste consolida un instrumento metodológicamente consistente, transparente y ajustado a las particularidades del mercado público, reafirmando su rol como herramienta central para la evaluación de la razonabilidad y eficiencia del gasto público.