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En una movida que busca "agilizar" la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, la Defensoría General de la Nación aprueba un **régimen especial de contrataciones**. ¿Transparencia o vía libre para el gasto urgente? La polémica está servida.
La Defensoría General de la Nación (DGN), el organismo encargado de garantizar la defensa pública, acaba de sacudir el avispero con una resolución explosiva: aprobó un "régimen especial" de contrataciones para la adquisición de bienes, servicios, alquiler de inmuebles y obras, todo bajo la bandera de la "urgencia" por la implementación del flamante Código Procesal Penal Federal.
La medida, oficializada por la Resolución 914/2025, deja sin efecto una normativa anterior similar (DGN Nº 1144/15) y establece un camino express para que el organismo pueda equiparse y expandirse con la celeridad que, según argumentan, demanda la puesta en marcha del nuevo Código. Esto significa, en cristiano, que los plazos de publicación de licitaciones y los tiempos internos para aprobar los gastos se reducen drásticamente. Imaginate: llamados a licitación publicados por un solo día en el Boletín Oficial y con apenas cinco días de antelación a la apertura de ofertas. ¡Un verdadero sprint para proveedores y un desafío para el control!
Para las locaciones de inmuebles, si el monto supera los $75.000.000, también se aplicarán estas "condiciones especiales". Un dato no menor que subraya la magnitud de las inversiones que se vienen para la adaptación edilicia del sistema de defensa.
El telón de fondo es la entrada en vigencia progresiva del Código Procesal Penal Federal, una reforma monumental que cambia las reglas del juego en la justicia penal. Las fechas clave para su implementación son:
La DGN necesita crear y equipar nuevas Defensorías Públicas Oficiales (se habla de decenas de ellas, como las 54 en lo Penal Nacional de CABA, entre otras) y capacitar personal. Esta resolución busca dotar a la administración de la "celeridad y eficacia" necesarias, prometiendo mantener los principios de "transparencia, eficiencia y eficacia".
Sin embargo, la creación de un régimen de excepción, aunque justificado en la necesidad de modernizar el sistema judicial, siempre abre un debate sobre los límites de la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos. Para las empresas proveedoras de bienes, servicios o constructoras, esto representa una oportunidad de negocios rápida, pero exigirá una capacidad de respuesta casi inmediata. Para el ciudadano común, la promesa es una justicia más ágil, pero el riesgo es que la velocidad no vaya de la mano con el escrutinio.
Para estar al tanto de las futuras licitaciones y el progreso de esta implementación, se recomienda seguir de cerca el Boletín Oficial y el sitio web de la Defensoría General de la Nación.
