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El Ministerio de Capital Humano, a través de la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, actualiza y fija los topes indemnizatorios para diversos convenios colectivos. Una medida crucial que impacta directamente en miles de trabajadores y empresas, redefiniendo el costo de los despidos y las reglas del juego salariales en un contexto inflacionario.
En un movimiento que sacude el tablero laboral, la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo del Ministerio de Capital Humano ha vuelto a poner la lupa sobre los topes indemnizatorios, una cifra vital que define cuánto debe pagar una empresa en caso de despido sin causa. A través de varias Disposiciones (2806, 2809, 2812 y 2852/2025), se establecieron y actualizaron los promedios de las remuneraciones que sirven de base para el cálculo del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (Nº 20.744).
Estos ajustes no son un detalle menor. Afectan directamente a miles de trabajadores y a la contabilidad de empresas en sectores tan diversos como la industria del gas (METROGAS S.A.), el transporte automotor (SMATA) y las energéticas (EMPRESA DISTRIBUIDORA SAN LUIS S.A., CAPEX S.A.). Las disposiciones homologan acuerdos salariales alcanzados entre sindicatos de peso como el SINDICATO TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS y el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR, y sus respectivas cámaras o empresas, para luego establecer el tope indemnizatorio que limita el monto de las indemnizaciones por despido.
"La fijación de estos topes es un equilibrio delicado: busca dar previsibilidad a las empresas sobre sus costos laborales, pero también establece un límite a la compensación que un trabajador puede recibir, especialmente relevante en un país con alta inflación donde los salarios se deprecian rápidamente."
Para el trabajador, el tope significa que, por más alto que sea su sueldo real, su indemnización no podrá superar un determinado múltiplo del promedio de las remuneraciones del convenio colectivo. Para las empresas, representa una herramienta de planificación financiera en un escenario económico volátil. Es fundamental que tanto empleados como empleadores estén al tanto de estas actualizaciones, ya que definen una parte importante de la relación laboral y sus posibles desenlaces. Estas medidas, publicadas con fecha 19 de febrero de 2026, corresponden a decisiones tomadas a fines de 2025 y muestran la constante intervención estatal en la regulación de las condiciones laborales, buscando adaptarse a los acuerdos paritarios y a la dinámica económica del país. La Dirección de Negociación Colectiva será la encargada de registrar estos nuevos importes, consolidando así el marco legal para futuras disputas o acuerdos.
