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El Ministerio de Seguridad y Migraciones lanzan un protocolo *reservado* para blindar las fronteras contra la trata, actualizando la normativa tras 13 años y reconociendo la sofisticación del crimen organizado. ¡Una medida crucial para la seguridad nacional!
En un movimiento estratégico para combatir uno de los crímenes más aberrantes de nuestro tiempo, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones han aprobado un nuevo y contundente 'PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE SITUACIONES DE TRATA DE PERSONAS EN PASOS FRONTERIZOS'. Esta resolución conjunta, que entrará en vigor de inmediato, busca fortalecer las capacidades de las fuerzas federales y los agentes migratorios en la identificación de posibles víctimas y tratantes en los puntos de ingreso y egreso del país.
El protocolo anterior, vigente desde 2012, quedó obsoleto ante la mutación constante del delito de trata de personas, que se ha transformado en un 'crimen complejo y organizado, de carácter intra e internacional', según el propio Boletín Oficial, citando incluso un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 2024. Esto subraya la urgencia de contar con herramientas actualizadas y la necesidad de una respuesta estatal más eficaz.
La norma es de aplicación obligatoria para la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que actúan como Policía Auxiliar Migratoria, así como para todo el personal de la Dirección Nacional de Migraciones. Esto significa que todos los eslabones de la cadena de control fronterizo deberán estar capacitados y coordinados bajo este nuevo esquema.
Un aspecto que genera intriga es el 'CARÁCTER RESERVADO' otorgado al Anexo del Protocolo. Si bien es comprensible que ciertos detalles operativos deban mantenerse en secreto para no alertar a las redes criminales, la confidencialidad siempre genera un halo de misterio. No obstante, la medida busca proporcionar herramientas actualizadas y establecer pautas de actuación comunes para que el personal pueda detectar eficazmente a las víctimas, muchas veces en las etapas cruciales de captación o traslado. La Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual será la encargada de monitorear su implementación, asegurando su difusión y actualización periódica. Una batalla frontal contra la esclavitud moderna que exige máxima coordinación y eficacia.
