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El Gobierno autoriza por DNU ejercicios militares 'SOLIDARIDAD' con Chile y 'TRIDENTE' con EE.UU., movilizando fuerzas nacionales y permitiendo el ingreso de tropas estadounidenses, ante la falta de tratamiento legislativo. ¿Una movida arriesgada en política exterior y defensa?
En una decisión que generará debate, el Poder Ejecutivo Nacional ha recurrido a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 697/2025) para autorizar la participación de fuerzas nacionales en ejercicios combinados y el ingreso de tropas extranjeras al país. La medida se toma ante la “naturaleza excepcional de la situación” y la falta de tratamiento legislativo de un proyecto de ley que contemplaba estos ejercicios.
Entre el 5 y el 11 de octubre de 2025, efectivos y medios de las Fuerzas Armadas argentinas se desplegarán en Puerto Varas, Chile, para participar en el Ejercicio 'SOLIDARIDAD'. Este ejercicio, enmarcado en un acuerdo de cooperación en catástrofes de 1997, busca fortalecer los lazos de integración regional y la capacidad de respuesta conjunta ante emergencias. El Gobierno destaca la importancia de este vínculo cívico-militar y el posicionamiento de Argentina como socio confiable en la seguridad regional.
Quizás la parte más resonante del DNU es la autorización del ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América para el Ejercicio 'TRIDENTE'. Este se realizará entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de 2025 en las Bases Navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, incluyendo espacios militares, marítimos y terrestres. El objetivo es potenciar las capacidades nacionales, consolidar alianzas y mejorar la interoperabilidad con una de las fuerzas militares más poderosas del mundo.
La utilización de un DNU para autorizar el ingreso y la salida de tropas es un punto altamente controversial. Tradicionalmente, este tipo de autorizaciones requiere la aprobación del Congreso de la Nación, ya que implica cuestiones de soberanía y política exterior. El Gobierno justifica la medida por la urgencia de los ejercicios y la falta de tratamiento parlamentario, pero esto reaviva el debate sobre los límites de los decretos presidenciales y el rol del Poder Legislativo en decisiones tan sensibles. Este decreto será enviado a la Comisión Bicameral Permanente para su revisión, lo que podría generar nuevas tensiones políticas.