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El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) desató un terremoto en el sector, cancelando la inscripción de 12 mutuales. ¿Qué significa esta drástica medida para miles de asociados y el futuro de la economía social?
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el organismo encargado de fiscalizar y promover la actividad de mutuales y cooperativas, ha lanzado una verdadera purga administrativa que sacude los cimientos de la economía social argentina. Mediante una serie de resoluciones, el INAES ha decidido cancelar la inscripción en el Registro Nacional de Mutualidades de nada menos que doce entidades a lo largo y ancho del país.
Entre las mutuales que pierden su estatus legal se encuentran organizaciones de trabajadores de la educación en Salta, asociaciones de empleados municipales en Santa Cruz, mutuales de personal aeronáutico en Buenos Aires, y otras enfocadas en protección social, autoconstrucción de viviendas o servicios sanitarios. Esta acción implica que estas entidades pierden su personería jurídica como mutuales, lo que las inhabilita para operar bajo esa figura y brindar los servicios a sus asociados.
Para los miles de argentinos que forman parte de estas mutuales, la noticia es un golpe directo. Aunque el aviso no detalla los motivos específicos de cada cancelación, estas decisiones suelen estar vinculadas a incumplimientos normativos, falta de presentación de balances, irregularidades en la gestión o la inactividad de las entidades. La consecuencia más inmediata es la interrupción de los servicios que estas mutuales ofrecían, desde ayuda económica hasta servicios de salud o recreación. Los socios deben estar atentos a las comunicaciones de sus respectivas entidades y buscar asesoramiento legal si tienen dudas sobre sus derechos o el destino de sus aportes.
"Esta medida es un claro mensaje del INAES sobre la necesidad de transparencia y cumplimiento en el sector. Pero también genera incertidumbre para los afectados", comentó un analista del sector cooperativo.
Las mutuales tienen a su disposición una serie de recursos administrativos para apelar la decisión, como Revisión, Reconsideración, Aclaratoria o Alzada, con plazos que van desde los 5 hasta los 30 días hábiles. También pueden optar por la acción judicial pertinente o el Recurso Judicial Directo. Es crucial que las entidades afectadas actúen con celeridad para intentar revertir esta situación o, al menos, ordenar el cierre de la manera menos perjudicial para sus miembros.
Para los ciudadanos comunes, es un recordatorio de la importancia de verificar siempre la situación legal de las organizaciones a las que se asocian, especialmente aquellas que gestionan fondos o brindan servicios esenciales. El Boletín Oficial es el canal donde se publican estas decisiones, y estar informado es clave para evitar sorpresas.
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