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En un movimiento administrativo clave, el Gobierno designó a Ricardo Lorence como Coordinador de Administración de Bienes, Servicios y Patrimonio. Esta designación transitoria genera interrogantes sobre la estabilidad de los cuadros y el futuro de la gestión interna.
La Secretaría General de la Presidencia de la Nación, un bastión clave en el esquema de poder actual, acaba de mover una pieza en su tablero interno. Mediante la Resolución 728/2024, se designó con carácter transitorio al Lic. Ricardo LORENCES (D.N.I. N° 17.286.793) para ocupar el cargo de Coordinador de Administración de Bienes, Servicios y Patrimonio. Esta función, vital para el manejo de los recursos y el patrimonio del organismo, estará bajo su órbita por Ciento Ochenta (180) días hábiles, a partir del 1° de diciembre de 2024.
La medida, firmada por Karina Elizabeth Milei, no es menor para la interna del gobierno. Aunque se trata de una designación de perfil técnico-administrativo, el puesto en la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa es crucial para el día a día de la Casa Rosada. La transitoriedad de la designación sugiere que el Ejecutivo aún está ajustando su engranaje o buscando el perfil definitivo para un rol tan sensible. Además, se autoriza el pago de un Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV, con una excepción respecto a las disposiciones del artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SINEP, lo que podría indicar una necesidad urgente o un perfil muy específico para el cargo.
Este nombramiento se da en un marco de reestructuración y austeridad declarado por el gobierno. La resolución se apoya en una serie de decretos previos, como el N° 958/24, que otorga facultades para este tipo de designaciones. Para el ciudadano de a pie, es una muestra de cómo la maquinaria estatal sigue funcionando y generando movimientos de personal, incluso en áreas que no suelen estar en el centro de la escena política.
"La cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario."
Esta frase, destacada en los considerandos, busca tranquilizar sobre el impacto presupuestario, asegurando que la designación se enmarca dentro de las partidas existentes. Sin embargo, la pregunta que queda flotando es: ¿Qué pasará después de los 180 días? ¿Se abrirá un concurso transparente o será una antesala a una designación permanente sin más explicaciones? Estar atentos a estas futuras definiciones es clave para evaluar la transparencia en la gestión de los recursos humanos del Estado. Es fundamental que los ciudadanos sigan de cerca los llamados a concurso para la cobertura definitiva de estos cargos, ya que son indicadores de la salud institucional.
