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La Agencia de Protección Ambiental (APRA) aprueba dos modificaciones presupuestarias en un solo golpe, levantando sospechas sobre la gestión de fondos y la prioridad de los gastos en un contexto económico delicado.
¡Ojo con la billetera estatal! La Agencia de Protección Ambiental (APRA), bajo la órbita de la Vicejefatura de Gobierno, ha emitido dos resoluciones consecutivas, la N° 50/APRA/26 y la N° 51/APRA/26, que aprueban sendas modificaciones presupuestarias. Aunque el Boletín Oficial no detalla los montos exactos ni las partidas afectadas, la reiteración de estas medidas en tan poco tiempo genera interrogantes.
Estas modificaciones son el pan de cada día en la administración pública, pero su aprobación tan seguida por una misma entidad suele indicar ajustes significativos en la planificación original. ¿Qué urgencias surgieron que obligaron a mover partidas tan rápidamente? ¿Se trata de reasignaciones para proyectos prioritarios o de parches para cubrir desequilibrios? La falta de transparencia en los detalles de estas resoluciones impide un análisis profundo de su impacto real. Para los ciudadanos, esto significa que los fondos públicos, que deberían estar destinados a proteger nuestro ambiente, podrían estar siendo reasignados sin una justificación clara y accesible. Es fundamental exigir mayor detalle sobre dónde y por qué se mueve el dinero, para asegurar que no se desvíen recursos de áreas críticas y que la gestión sea lo más eficiente y responsable posible.
1 de julio de 2025
3 de febrero de 2026
4 de febrero de 2026