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Una resolución conjunta endurece los controles sobre los planes de retiro voluntario y distracto laboral en organismos y empresas públicas. Se busca reducir el gasto y la dotación estatal con la lupa de Hacienda y el Ministerio de Desregulación.
En un movimiento que no sorprende, pero que enciende las alarmas en el universo del empleo público, el Gobierno Nacional ha publicado una Resolución Conjunta (50/2025) que ajusta drásticamente los mecanismos para la implementación de planes de retiros voluntarios y otras formas de 'distracto laboral' en el vasto entramado estatal. La medida, firmada por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda, es un claro mensaje de ajuste y achicamiento.
A partir de ahora, cualquier organismo descentralizado, entidad pública o empresa con participación mayoritaria del Estado que pretenda lanzar un plan de retiro voluntario, deberá contar con la intervención favorable y previa de la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y de la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Esto no es un mero trámite: implica que Hacienda y el organismo de Desregulación tendrán la última palabra sobre la viabilidad económica y la coherencia con la política de reducción del gasto.
Para las jurisdicciones que forman parte de la Administración Pública Nacional Centralizada, el diseño y aprobación de estos regímenes quedará directamente en manos de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, siempre con la venia de Hacienda.
La resolución es explícita en los requisitos que deberán presentar:
Además, exige la notificación de cada adhesión con datos sensibles del empleado (CUIL, nombre, nivel, fecha de retiro, monto, cuotas, antigüedad y remuneración), un seguimiento férreo que busca garantizar la transparencia y la efectividad de la política de reducción del empleo público.
Implicaciones: Esta resolución es un paso más en la profunda reforma del Estado impulsada por el Poder Ejecutivo. Busca centralizar el control y asegurar que cada movimiento de personal que implique un egreso, especialmente los que conllevan una erogación económica, esté alineado con la meta de "reducción apreciable del gasto público". Para los empleados públicos, esto podría traducirse en una mayor presión para aceptar retiros voluntarios y una menor flexibilidad para las instituciones a la hora de gestionarlos.
Los ojos de la administración estarán puestos en cada peso y cada puesto que se busca redefinir en esta cruzada por un Estado más "eficiente" y "desregulado". Manténgase informado: Siga las comunicaciones de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda para entender cómo estas políticas afectarán a diferentes sectores del empleo público.
