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El Banco Central pisa el acelerador y cita a varias empresas y particulares por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiario. Un llamado a 'estar a derecho' que pone en jaque a operadores del mercado, bajo amenaza de rebeldía.
¡Temblan los involucrados! El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha desatado una verdadera cacería de presuntos infractores al Régimen Penal Cambiario (Ley N° 19.359). A través de una serie de edictos publicados en el Boletín Oficial, la autoridad monetaria cita y emplaza a varias empresas y personas físicas para que comparezcan en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. El plazo es perentorio: 10 días hábiles bancarios.
Entre los notificados se encuentran empresas como ARPYLT S.A. (CUIT N° 30-71136774-4), LOMAS CAMBIO S.A.S. (CUIT N° 30-71654285-4), Adobr y Asociados S.R.L. (CUIT 30-71458851-2), FM INTERNATIONAL BUSINESS S.A.S. (CUIT N° 33-71638924-9) y TOPO DO MUNDO COMPANY S.A. (CUIT N° 30-71735879-8). Pero la lista no termina ahí: también hay individuos citados, como Tulio Jorge Solís (DNI N° 11.170.666), Ramón Delfor Daniel Achaval (DNI N° 14.007.126), Romina María Itatí Rubén (DNI N° 31.602.209), Florencia Ailén Martínez (DNI N° 43.514.947) y Diego Orlando ALLENDE (DNI N° 24.967.931). Además, se intima a la señora Analía Delia RUGGERO (DNI 31.659.465) a constituir domicilio electrónico y designar abogado defensor, un paso clave en estos expedientes.
Los citados deben presentarse en la sede del BCRA para "estar a derecho" en sus respectivos sumarios. La advertencia es clara y lapidaria: la incomparecencia resultará en la declaración de rebeldía, lo que agrava sustancialmente su situación legal. La Ley 19.359, conocida como Régimen Penal Cambiario, es una de las herramientas más potentes del Estado para sancionar irregularidades en el mercado de divisas, con penas que van desde multas millonarias hasta la inhabilitación para operar en el mercado financiero e incluso la prisión.
Este despliegue de edictos es una muestra contundente de que el BCRA está activamente fiscalizando y persiguiendo lo que considera infracciones cambiarias. Para cualquier ciudadano o empresa que opere con divisas, la lección es clara: la normativa cambiaria no es un juego y las consecuencias de incumplirla pueden ser severas. La mejor estrategia es siempre la transparencia y, ante cualquier duda o notificación, buscar urgentemente asesoramiento legal especializado.
