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Una serie de resoluciones del ENACOM declararon la caducidad de múltiples autorizaciones radioeléctricas, afectando a empresas de cable, emisoras y hasta organismos estatales. ¿Quiénes se quedan sin aire y por qué?
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) ha desatado una verdadera purga en el espectro radioeléctrico argentino. A través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, se declaró la caducidad de un número impactante de autorizaciones, dejando en vilo a operadores de todo el país, desde pequeñas emisoras hasta grandes empresas y entidades gubernamentales. Las medidas, firmadas por el interventor Juan Martín Ozores, se justifican por "los motivos expuestos en los considerandos", que generalmente aluden a incumplimientos técnicos, administrativos o falta de renovación.
Entre los afectados, encontramos a nombres como URBANTEC S.A., TV5 CALAFATE VIDEO CABLE S.A., AGRO LA MALEVA S.R.L., AGENCIA DE INVESTIGACIONES RAYO S.R.L., y un sinfín de particulares como MERELES BENITEZ JUAN BLAS y LAZARTE JORGE EDUARDO. Pero la sorpresa no termina ahí: también figuran organismos públicos como el MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES GOBIERNO STA CRUZ, MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA, MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA PROVINCIA DE SALTA, e incluso municipalidades como la de BAHÍA BLANCA y SANTA FE, y empresas como NAVIERA SCAN S.A., PESQUERA DEL BEAGLE S.A., PESQUERA DON BLAS S.A. y PETRO TRADER S.A., que también pierden sus autorizaciones.
Esta decisión del ENACOM no es un mero trámite. Implica que las dependencias competentes deberán "asentar en los registros la caducidad de la autorización de frecuencia", lo que significa que estos operadores pierden su derecho a utilizar el espectro radioeléctrico asignado. Para muchos, esto se traduce en el cese de sus operaciones o la necesidad imperiosa de regularizar su situación bajo riesgo de sanciones mayores.
El contexto es claro: el ENACOM, bajo la actual gestión, parece estar llevando a cabo una revisión exhaustiva y rigurosa de las licencias y autorizaciones, buscando poner orden en un sector históricamente complejo y, en ocasiones, poco fiscalizado. La medida afecta directamente a la industria de las telecomunicaciones y la radiodifusión, pero también tiene un impacto colateral en diversos sectores que dependen de estas autorizaciones para sus comunicaciones internas o servicios específicos, como la energía, la agricultura y la pesca. La ambigüedad de los "motivos expuestos en los considerandos" deja un manto de incertidumbre sobre las causas específicas de cada caducidad, pero la señal es contundente: el ENACOM no dudará en aplicar la normativa vigente.
Los afectados tienen, por supuesto, instancias administrativas para apelar, pero el mensaje es claro: la era de la laxitud en las autorizaciones parece haber terminado.
18 de febrero de 2026
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