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La Superintendencia de Servicios de Salud crea un programa *voluntario* para adquirir el carísimo EMICIZUMAB para hemofilia, pero con una letra chica explosiva: el Estado se lava las manos ante cualquier reclamo. ¿Quién pagará el costo real?
La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD (SSS) ha puesto en marcha un programa que, a primera vista, parece un salvavidas: el "PROGRAMA DE ADHESIÓN VOLUNTARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICACIÓN DE ALTO COSTO – EMICIZUMAB". Su objetivo es facilitar el acceso al medicamento EMICIZUMAB para pacientes con Hemofilia Severa Tipo A, una terapia fundamental cuyo costo es altísimo. Sin embargo, el diablo está en los detalles, y la letra chica de esta resolución es, cuanto menos, explosiva.
El programa es estrictamente voluntario para los Agentes del Seguro de Salud (Obras Sociales). Esto significa que, si bien el EMICIZUMAB está incluido en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y deben cubrirlo, la adhesión a este mecanismo centralizado de compra es opcional. La SSS promete una adquisición más eficiente y a costos más favorables, utilizando una nueva plataforma digital llamada Solución Integral de Gestión de Medicamentos de Alto Costo (SIGMAC).
Pero aquí viene el golpe: el ARTÍCULO 10 establece de forma contundente que la SSS y el ESTADO NACIONAL no asumen responsabilidad alguna por las prestaciones brindadas, la continuidad del tratamiento o eventuales acciones judiciales. La responsabilidad recae exclusivamente en los Agentes del Seguro de Salud adheridos, quienes deberán "mantener indemne a este Organismo frente a cualquier reclamo, judicial o extrajudicial".
Si bien la medida busca garantizar la provisión del medicamento sin dilaciones y reducir costos sistémicos mediante una compra centralizada, el hecho de que el financiamiento sea íntegramente cubierto por las Obras Sociales (mediante débito directo de sus cuentas recaudadoras) y el Estado se desentienda de la responsabilidad, genera un precedente preocupante. ¿Significa esto una tendencia a privatizar el riesgo de la medicación de alto costo, dejando a los Agentes del Seguro de Salud en una posición vulnerable frente a posibles reclamos de pacientes? La tensión entre la necesidad de acceso a tratamientos vitales y la limitación de la responsabilidad estatal se vuelve más evidente que nunca. Los pacientes, aunque podrían beneficiarse de un acceso más rápido, quedan en un limbo de responsabilidad que antes cubría el Estado de forma más explícita. Un verdadero shock para el sistema de salud.
