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En un movimiento que enciende las alarmas, el Ministerio de Capital Humano homologa suspensiones de personal en SEGUTRANS S.A. con prestaciones no remunerativas, citando una "situación de crisis". ¿Es este el principio de una tendencia de ajustes?
La Disposición 1042/2025 del Ministerio de Capital Humano golpea la mesa con una noticia que genera preocupación en el ámbito laboral: la homologación de un acuerdo entre la empresa SEGUTRANS SOCIEDAD ANÓNIMA y la UNIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UPSRA) para suspender personal en el marco del Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo. Esto significa que los trabajadores afectados no prestarán servicios, pero recibirán una prestación no remunerativa durante el período de suspensión.
Lo más impactante es el telón de fondo: la medida se toma ante una "situación de crisis que afecta a la empresa". Aunque la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 exigen un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) antes de suspensiones masivas, la homologación se justifica por un "reconocimiento tácito" de la crisis por parte de la entidad sindical. En otras palabras, la urgencia de la situación y el acuerdo gremial permitieron saltarse el proceso formal, buscando "preservar los puestos de trabajo" a pesar de las suspensiones temporales.
"...se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa, toda vez que con el mismo se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales un dispendio de actividad."
Esta decisión es un claro indicador de las dificultades económicas que atraviesan algunas empresas y la delicada balanza entre la supervivencia empresarial y la estabilidad laboral. Para los trabajadores afectados, la noticia implica una reducción de ingresos (al ser una prestación no remunerativa), incertidumbre y la necesidad de ajustarse a una realidad de empleo precario, al menos temporalmente. Si bien se busca evitar despidos, la suspensión genera un impacto directo en la economía familiar.
Es fundamental para los trabajadores y el público en general entender que, aunque la homologación busca dar un marco legal a estas suspensiones, no elimina la preocupación por la situación económica de la empresa y las posibles repercusiones a futuro. La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo velará por el registro del acuerdo y el listado de personal afectado. Para el ciudadano común, esta medida es un termómetro de la situación económica y un llamado a la cautela sobre la estabilidad laboral en algunos sectores.
