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El Gobierno amplía la participación de Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria en INTERPOL, buscando mayor efectividad en la lucha contra el crimen transnacional.
En un movimiento estratégico para reforzar la lucha contra el crimen organizado y transnacional, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 27/2025, ha decidido ampliar el abanico de fuerzas de seguridad argentinas que formarán parte activa de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL (OIPC) – INTERPOL. Esta medida modifica el Decreto N° 684/62, que originalmente designaba a la Policía Federal Argentina (PFA) como la única “Oficina Central Nacional”.
Ahora, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se suman a la PFA como miembros de INTERPOL. La Policía Federal Argentina seguirá encabezando la representación, pero la inclusión de estas tres fuerzas federales busca una coordinación más profunda y una mayor efectividad en el intercambio de información y operaciones a nivel global. Cada una de estas fuerzas deberá designar un representante en la sede de la “Oficina Central Nacional” de INTERPOL Buenos Aires, a cargo de la PFA.
La justificación detrás de esta decisión, impulsada por el Ministerio de Seguridad, radica en la “transversalidad con la cual la problemática delictiva afecta a la sociedad e instituciones argentinas”. En un contexto donde los delitos como el narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo no conocen fronteras, la capacidad de estas fuerzas para acceder directamente a la vasta red de INTERPOL y compartir inteligencia en tiempo real es crucial.
Esta expansión promete fortalecer las capacidades del Estado argentino para responder a amenazas globales, optimizando la cooperación internacional y permitiendo una acción más rápida y coordinada. Además, el Ministerio de Seguridad queda facultado para dictar las normas complementarias, lo que sugiere que esta es solo la primera etapa de una reestructuración más amplia en la estrategia de seguridad internacional del país. Para los ciudadanos, esto debería traducirse en un aumento de la seguridad y una mayor capacidad de respuesta ante crímenes complejos que a menudo tienen ramificaciones internacionales.
