Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Una empresa de seguridad suspende personal con pagos no remunerativos, apelando al polémico Artículo 223 bis de la LCT y el 'reconocimiento tácito de crisis' sindical, sorteando el Procedimiento Preventivo de Crisis.
Un cimbronazo en el sector de la seguridad privada. La Disposición 812/2025 del Ministerio de Capital Humano ha homologado un acuerdo explosivo entre la empresa Unión Seguridad 24 S.A. y la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA). ¿El corazón de la controversia? La decisión de aplicar suspensiones de personal con el pago de una prestación no remunerativa, amparándose en el controvertido Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Lo que enciende las alarmas es que, a pesar de que la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 exigen un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) formal antes de realizar suspensiones o despidos masivos, el Gobierno consideró que el consentimiento del sindicato en este acuerdo implica un "reconocimiento tácito a la situación de crisis" de la empresa. En una movida que podría sentar un precedente, la autoridad laboral optó por "preservar los puestos de trabajo" sin exigir la formalidad del PPC, calificándolo de "dispendio de actividad".
Esta interpretación es una puerta abierta a la flexibilidad laboral para las empresas en momentos de dificultad, permitiéndoles ajustar su plantilla con menores trabas burocráticas, aunque con un costo social innegable para los trabajadores afectados, quienes enfrentan la incertidumbre de la suspensión. Para los empleados, aunque la prestación no remunerativa es un paliativo, la medida implica una disminución de sus ingresos y derechos laborales durante el período de suspensión. La Disposición incluso hace referencia a un listado de personal afectado, lo que subraya la magnitud del impacto.
La pregunta que queda flotando es si esta "crisis tácita" se convertirá en una herramienta frecuente para eludir los mecanismos de protección laboral, generando un debate profundo sobre el equilibrio entre la supervivencia empresarial y los derechos de los trabajadores.