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La Ley de Economía del Conocimiento bonaerense introduce un "ojo biónico" de ARBA y la obligación de revalidar exenciones cada dos años. ¿Más control o un simple ajuste burocrático para un sector clave?
¡Atención, empresas de la Economía del Conocimiento en la Provincia de Buenos Aires! Se terminó la era de la tranquilidad absoluta. La Ley Nº 15.339, que prometía un paraíso fiscal para el sector, ahora exige una revalidación bienal de los beneficios. Esto significa que cada dos años, las empresas inscriptas deberán pasar por un nuevo chequeo para mantener sus preciadas exenciones impositivas, según lo establece el Artículo 4° de la norma y su decreto reglamentario, el DECRE-2022-1573-GDEBA-GPBA.
Pero la cosa no termina ahí. El Artículo 5° le pone una lupa gigante a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). A partir de ahora, ARBA será informada directamente de cada inscripción en el Registro Nodo de la Economía del Conocimiento (NECo). ¿El objetivo? Registrar el alcance de las exenciones y, seamos honestos, tener un control más férreo sobre quién se beneficia y por qué. Esto implica que el brazo recaudador de la provincia tendrá acceso directo y constante a la información de los beneficiarios, un cambio que podría generar más de un dolor de cabeza para quienes no tengan sus papeles en regla.
La implicancia es clara: mayor burocracia y un escrutinio más profundo. Si bien la Ley busca fomentar un sector estratégico, esta medida podría ser vista como un freno o, al menos, como una complicación administrativa. Para las empresas, el mensaje es contundente: no solo hay que cumplir con los requisitos iniciales, sino que ahora la continuidad de los beneficios depende de una revalidación periódica y del visto bueno de ARBA.
¿Es un golpe a la confianza del inversor o una medida necesaria para evitar avivadas? El debate está abierto. Lo cierto es que el gobierno bonaerense, a través del Ministro Augusto Eduardo Costa, busca afinar los mecanismos de control sobre un régimen que otorga importantes ventajas fiscales. Para los ciudadanos de a pie, esto puede significar una mayor transparencia en el uso de los fondos públicos, aunque para las empresas implicadas, es un nuevo ítem en la agenda de trámites. ¡A no dormirse en los laureles, que el ojo de ARBA ya está mirando!
