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La SRT actualiza los montos de compensación por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con cifras millonarias que buscan proteger al trabajador. ¿Un alivio para las víctimas o un nuevo dolor de cabeza para las ART?
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) acaba de publicar una resolución que golpea directamente el bolsillo de miles de trabajadores y las arcas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). A partir del 1° de septiembre de 2025, los montos de las compensaciones adicionales por accidentes laborales y enfermedades profesionales se actualizarán drásticamente, en línea con la variación del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).
Los números son impactantes: las compensaciones adicionales de pago único por diferentes tipos de incapacidad laboral permanente (I.L.P.) o muerte, que antes eran de $30.000, $40.000 y $50.000 originalmente, ahora ascienden a $38.946.415, $48.683.019 y $58.419.605, respectivamente. Además, se establecen pisos mínimos para las indemnizaciones por I.L.P. y muerte, que no podrán ser inferiores a $87.629.423 y $16.595.103, respectivamente.
Esta actualización, que se realiza semestralmente, busca preservar el poder adquisitivo de las indemnizaciones, garantizando que las víctimas de accidentes laborales o sus familias reciban una compensación justa y acorde a la inflación. Es una medida que da seguridad jurídica a un sistema que históricamente ha sido objeto de debate y litigiosidad.
Para el trabajador afectado, esta actualización es un respiro financiero crucial, asegurando que el monto recibido realmente compense la pérdida de capacidad laboral o la irreparable pérdida de un ser querido. Sin embargo, para las ART y, en última instancia, para las empresas que pagan las primas, estos montos millonarios representan un costo operativo significativo. Esto podría generar un aumento en las cuotas de las ART, impactando en los costos de producción y, potencialmente, en los precios finales de bienes y servicios.
La resolución destaca que su objetivo es "dotar a todos los actores sociales involucrados de la debida seguridad jurídica, fortaleciendo de este modo a dicho sistema". Sin embargo, la tensión entre la protección al trabajador y la sostenibilidad del sistema de riesgos del trabajo siempre está presente. ¡La economía y la seguridad social, una vez más, en el centro del huracán!