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La Provincia de Buenos Aires desembolsa miles de millones en licitaciones cruciales para garantizar alimentos en escuelas y mejorar la sanidad hospitalaria. Desde módulos alimentarios hasta reactivos y limpieza, una inyección de fondos para servicios esenciales.
En un movimiento estratégico para fortalecer los pilares de la sociedad, la provincia ha lanzado una serie de licitaciones millonarias destinadas a cubrir las necesidades básicas en áreas clave como la educación y la salud. Estos fondos, que superan los $3.000 millones, buscan asegurar el bienestar de miles de bonaerenses.
Los Consejos Escolares de Mercedes, Necochea, Bahía Blanca y Chivilcoy están en el centro de la escena, con licitaciones que suman más de $2.500 millones para la provisión de mercadería y módulos de alimentos destinados a los programas MESA y SAE. Esto significa que miles de alumnos tendrán garantizado el desayuno, la merienda y el comedor, un alivio fundamental para muchas familias en tiempos difíciles. El Consejo Escolar de Chivilcoy, por ejemplo, destinará $1.135 millones para el servicio de SAE de marzo a agosto de 2026, mientras que Bahía Blanca invertirá más de $1.093 millones en módulos de alimentos secos.
En el ámbito de la salud, el H.I.G.A. General José de San Martín busca contratar un servicio de limpieza de áreas abiertas con un presupuesto estimado de $342 millones, esencial para mantener la higiene y prevenir enfermedades en un centro de salud de referencia. Por su parte, el Hospital Zonal General de Agudos Prof. Dr. Ramón Carrillo de Ciudadela lanzó un tercer llamado para la adquisición de reactivos para laboratorio, con un presupuesto de casi $348 millones, vital para diagnósticos y tratamientos. La Municipalidad de San Fernando también se suma con una licitación para la compra de reactivos para su sistema de salud, reforzando la capacidad de respuesta sanitaria local. Además, la Municipalidad de Berazategui destinará más de $174 millones a la refacción de una escuela primaria, mejorando las condiciones edilicias para la comunidad educativa.
Estas medidas reflejan un compromiso con los servicios públicos esenciales, buscando impactar directamente en la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables. La transparencia en la adjudicación de estas licitaciones será clave para asegurar que los fondos lleguen a donde más se necesitan.
