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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) *pateó para adelante* la suspensión de juicios de ejecución fiscal y medidas cautelares hasta julio de 2026. ¡Un respiro crucial para entidades sin fines de lucro y el sector salud que estaban al borde del abismo!
En un movimiento que sacudió el tablero fiscal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) acaba de lanzar la Resolución General N° 5806/2025, extendiendo una medida clave para miles de organizaciones en el país. Se trata de la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares, ¡y esta vez la prórroga es hasta el 31 de julio de 2026!
Los principales beneficiarios de este balón de oxígeno son las entidades sin fines de lucro y el sector salud. Imaginate la presión que significa tener al Fisco encima, y ahora, por un tiempo más, podrán enfocarse en su misión social y sanitaria sin la espada de Damocles de un embargo o una ejecución.
No es la primera vez que esto sucede. Esta medida ya venía de arrastre, habiendo sido extendida previamente por resoluciones como la N° 5.628 y la N° 5.736 de ARCA, siempre a instancias del Ministerio de Economía (Resoluciones N° 1.445/2024, N° 1.066/2025 y N° 2.109/2025). Es una señal clara de que el Gobierno busca dar un respiro a sectores considerados estratégicos o vulnerables.
Ojo, no todo es manga ancha. Para acceder a este beneficio en este nuevo período de suspensión, las entidades sin fines de lucro deberán estar registradas en ARCA al 23 de diciembre de 2025, bajo alguna de las formas jurídicas mencionadas en la normativa original. Y lo más importante: ARCA no se ata las manos. El Artículo 3° de la resolución deja claro que si hay 'grave afectación de los intereses del Fisco', 'caducidad de instancia' o 'prescripción inminente', ¡el organismo puede actuar igual! Así que no es un cheque en blanco.
"Lo establecido en esta norma no obsta al ejercicio de las facultades de esta Agencia de Recaudación y Control Aduanero en los casos de grave afectación de los intereses del Fisco, caducidad de instancia o prescripción inminente."
Para el sector salud, significa poder seguir operando con menos preocupaciones financieras inmediatas, vital para la atención de millones de argentinos. Para las ONGs, es la posibilidad de sostener programas sociales que, de otra forma, podrían colapsar. Pero, ¿qué implica esto para la recaudación del Estado? Claramente, un aplazamiento en ingresos que podría generar un bache fiscal en el corto plazo, aunque se justifique por el bien común. Mantengan los ojos bien abiertos, porque estas suspensiones suelen ser temporales y las condiciones pueden cambiar.
