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El Gobierno extiende la exención de aumento de contribuciones patronales a colegios privados, evitando un golpe a las familias y a las arcas provinciales. ¿Un respiro en medio del ajuste?
Una buena para las familias y las instituciones educativas privadas. El Decreto 939/2025 del Poder Ejecutivo prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la exención para los colegios de gestión privada de un aumento en las contribuciones patronales que, de aplicarse, hubiera impactado directamente en el bolsillo de los padres y en los presupuestos provinciales.
Esta medida, que viene extendiéndose desde 2001, evita que las instituciones educativas, regidas por las Leyes N° 13.047 y 24.049, tengan que afrontar un incremento "desmesurado" en sus costos operativos. El Gobierno reconoce que el principal gasto de estas escuelas es el salarial, incluyendo las contribuciones patronales.
"El significativo aumento de las contribuciones patronales originará incrementos importantes en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos y afectará su economía", advierte el decreto.
Además, se resalta que muchas de estas escuelas reciben aporte estatal de las provincias, por lo que el aumento de las contribuciones también habría significado una carga extra para las finanzas de cada jurisdicción. El DNU busca, en definitiva, "evitar que la aplicación de las disposiciones... afecte la prestación del servicio educativo, con principal impacto negativo en las regiones más necesitadas y en las instituciones de bajos recursos que prestan servicio a la población socialmente más vulnerable".
¿Qué significa esto? Para los padres, es un respiro. Las cuotas de los colegios privados no sumarán un nuevo factor de aumento, al menos por un año más. Para las escuelas, significa estabilidad en sus costos laborales. Y para las provincias, un alivio fiscal. La prórroga se basa en informes técnicos favorables del Ministerio de Economía y el Ministerio de Capital Humano, lo que sugiere un reconocimiento de la sensibilidad del sector educativo en un contexto económico complejo. Es una medida que, si bien no es desregulatoria, evita una mayor carga que podría generar un efecto cascada negativo en la economía familiar y en la educación.
