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En un giro impactante, el Poder Ejecutivo revierte el congelamiento salarial para ministros y funcionarios de alto rango, pero introduce una cláusula inédita: sus sueldos se congelarán automáticamente si hay déficit fiscal. La medida llega tras meses de superávit y una drástica reducción de la planta estatal, prometiendo profesionalización y meritocracia.
¡Atención, Argentina! El Poder Ejecutivo Nacional acaba de lanzar el Decreto 931/2025, una medida que sacude la cúpula de la administración pública. Este decreto deroga el congelamiento salarial para ministros, secretarios, subsecretarios y otros altos funcionarios, impuesto desde marzo de 2024. A partir de enero de 2026, estos cargos comenzarán a percibir los aumentos acumulados de los acuerdos paritarios de 2024 y 2025, y los futuros incrementos también les serán aplicables.
Pero la noticia viene con una cláusula bomba: si la Administración Pública Nacional vuelve a caer en déficit fiscal financiero acumulado, los sueldos de estos funcionarios se congelarán automáticamente y sin necesidad de un nuevo decreto. ¡Un verdadero 'freno de mano' que ata las remuneraciones directamente a la salud de las cuentas públicas! Esta suspensión operará de pleno derecho hasta que se restablezca el superávit. El Gobierno invita a los Poderes Judicial y Legislativo, provincias y municipios a replicar esta iniciativa.
El Gobierno justifica este giro con una narrativa de "éxito" económico. El decreto repasa la catastrófica situación heredada a fines de 2023 (inflación del 211,4%, pobreza del 52,9%, déficit fiscal del 6,1% del PBI) y contrasta con los supuestos logros para octubre de 2025: inflación interanual del 31,3%, pobreza reducida al 27,5% y 22 meses consecutivos de superávit fiscal. Destaca la reducción drástica de la estructura estatal: 8 ministerios, 519 cargos de conducción eliminados y unos 60.000 agentes públicos menos, generando un ahorro anual de $3.491.250.000.000. Este 'ordenamiento equitativo' busca asegurar remuneraciones 'adecuadas y competitivas' para un Estado 'eficiente y profesional' basado en la meritocracia.
Es crucial resaltar que los cargos de quedan de estos incrementos, manteniendo la línea de austeridad en la máxima jerarquía política.
Esta medida transforma el esquema salarial de la cúpula estatal, de un congelamiento a un sistema de aumentos condicionado al superávit. ¿Será el incentivo definitivo para la disciplina fiscal o una maniobra para contentar a la 'casta' con una excusa de 'mérito'? El tiempo dirá.
