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Dos casos en el Tribunal Fiscal de Apelación revelan el lado más duro de la AFIP bonaerense: mientras una firma se salva de multas millonarias gracias a un plan de regularización, otra pierde una apelación crucial por presentarla fuera de término, ¡con una deuda de más de 30 millones de pesos!
El Tribunal Fiscal de Apelación, Sala II, ha sido escenario de dos sentencias que marcan la cancha para los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires. Por un lado, la firma “Creaciones Americanas S.R.L.” (CUIT 30-65543001-2), dedicada a la confección de ropa y venta mayorista, logró un respiro monumental. Acogida a la Ley 15.165 y la Resolución Normativa ARBA N° 8/2020, que declaró la emergencia económica, la empresa allanó la pretensión fiscal por deudas de Ingresos Brutos del 2010, que ascendían a $479.356,40. La buena noticia para ellos: se declaró la condonación del 100% de las multas y los intereses, además de la extinción de la responsabilidad solidaria de sus socios. Un verdadero salvavidas en tiempos difíciles.
Sin embargo, la otra cara de la moneda la protagonizó Agroflex S.A. La empresa interpuso un recurso de apelación contra una disposición de ARBA que le determinaba obligaciones fiscales por $30.133.043,04 en concepto de Ingresos Brutos omitidos para 2018, y le aplicaba una multa equivalente al 52% del monto. El golpe llegó cuando el Tribunal rechazó la apelación por extemporánea. ¡Sí, leíste bien! La empresa fue notificada el 18/07/2023, y el plazo de 15 días (más las 4 horas de gracia) vencía el 11/08/2023. El recurso se presentó recién el 07/11/2023. Esta demora fatal selló su destino, confirmando la multa y la responsabilidad solidaria para el Sr. Raúl Morales.
“Los plazos para interponer recursos administrativos deben reputarse perentorios e improrrogables.” Así de tajante fue la sentencia, recordando la importancia crítica de la observancia de los tiempos legales. Este caso es una advertencia severa para todas las empresas: no subestimar la burocracia y los plazos puede costar millones. Mientras los planes de regularización pueden ser un bálsamo, un error procedural puede ser una sentencia económica.
