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En una movida que revela los intrincados mecanismos del aparato estatal, el Ministerio del Interior oficializó la promoción de un agente de la ex Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes. Este ascenso, enmarcado en el polémico Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), genera debate sobre la meritocracia en la administración pública.
El Boletín Oficial nos trae hoy una pincelada del complejo engranaje burocrático de nuestro país. El Ministerio del Interior, a través de la Resolución 42/2025, ha puesto el sello final a un proceso interno que culmina con la promoción de un agente de la Planta Permanente de la ahora disuelta Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes. ¿Qué significa esto para el ciudadano de a pie? Que, aunque no lo veamos directamente, el Estado sigue moviendo sus piezas internas.
La medida se basa en el Régimen de Valoración por Evaluación y Mérito, un sistema aprobado en 2022 que permite a los empleados del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aspirar a un nivel escalafonario superior. Este régimen, implementado bajo el paraguas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, busca supuestamente premiar la trayectoria y las capacidades. En este caso particular, un Comité de Valoración analizó los antecedentes curriculares y laborales del postulante, dando el visto bueno en noviembre de 2023.
"El gasto que demande el cumplimiento de esta medida será atendido con cargo de lo dispuesto a las partidas presupuestarias correspondientes al SAF 322."
Aunque se trata de una decisión administrativa rutinaria, la noticia pone de manifiesto la continuidad de estos procesos de carrera dentro del sector público, incluso en un contexto de austeridad. La promoción implica un cambio en el puesto, nivel, grado, tramo y agrupamiento escalafonario del agente, lo que usualmente se traduce en una mejora salarial. La financiación de este ascenso, se aclara, ya está prevista en las partidas presupuestarias del SAF 322.
Es relevante recordar que este tipo de promociones se dan en el marco de normativas como la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional N° 27.701 (prorrogada para 2025) y diversos decretos que regulan el empleo público. La CLÁUSULA TERCERA del Decreto N° 103/22, por ejemplo, habilitó por única vez y hasta fines de 2023, la posibilidad de reubicación para el personal que cumpliera ciertos requisitos. Este ascenso es, en definitiva, la materialización de esa ventana de oportunidad.
Para el contribuyente, estas resoluciones, aunque específicas, son un recordatorio constante de cómo se gestiona el personal en el vasto entramado estatal. ¿Son estos procesos eficientes? ¿Realmente premian al mejor? La pregunta queda flotando en el aire mientras el engranaje sigue su marcha.
