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María Florencia López Blanco, agente del Ministerio de Ambiente, logra una reubicación clave y una bonificación jugosa gracias a su título universitario, generando debate sobre la meritocracia en la administración pública.
En un movimiento que despierta tanto interés como polémica, el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires ha resuelto la reubicación de la agente María Florencia LÓPEZ BLANCO (D.N.I. N° 35.314.498). La funcionaria, quien revistaba como Técnico Rural Inicial (Categoría 5) en la Dirección de Fiscalización Especial, ahora ascenderá al prestigioso agrupamiento de Personal Profesional, ocupando el cargo de Ingeniero Agrónomo Inicial (Categoría 8).
Esta decisión, que tendrá efectos a partir del 1° de octubre de 2025, no solo implica un cambio de jerarquía, sino también el acceso a la codiciada Bonificación por Título Universitario de Grado (BTU), un plus salarial que se otorga a quienes poseen una carrera universitaria afín a su función. La medida se ampara en los artículos 149° y 150° de la Ley N° 10.430 (Estatuto para el Personal de la Administración Pública) y su Decreto Reglamentario N° 4161/96, así como en el Decreto N° 641/25 que regula la BTU.
Según la resolución, la reubicación se propicia "conforme las tareas que con carácter habitual desempeña la agente en cuestión", y porque cumple con los requisitos del nomenclador de cargos, habiendo adjuntado su título universitario de Ingeniera Agrónoma y el certificado de ética profesional del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires. El cambio implica una transferencia presupuestaria de un cargo técnico a uno profesional dentro del Ejercicio 2026.
Para el ciudadano común, este tipo de movimientos internos en la administración pública son un reflejo de cómo la formación académica puede impactar directamente en la carrera y el salario de los empleados estatales. Mientras algunos lo verán como una justa recompensa a la meritocracia, otros podrían cuestionar la agilidad con la que se concretan estos ascensos en un contexto general de limitaciones presupuestarias. La Ministra de Ambiente, Daniela Marina Vilar, fue quien firmó esta resolución que, sin dudas, dará que hablar en los pasillos de la administración provincial.
