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Dos empleados públicos vieron frustrados sus sueños de ascenso a Nivel B en el SINEP tras sendos recursos jerárquicos. La letra chica de los requisitos y las interpretaciones administrativas ponen un freno a la movilidad interna, generando frustración y debates sobre la meritocracia estatal.
El Gobierno Nacional, a través de dos decretos presidenciales, ha rechazado de forma definitiva los recursos jerárquicos de dos agentes del Estado que buscaban ascender en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Estos casos exponen la rigidez y las complejidades de la carrera administrativa pública.
Pamela del Carmen SANTILLÁN (D.N.I. Nº 26.127.098) recibió el rechazo de su recurso contra la Resolución del ex-Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social N° 1231/23. Su postulación para ascender al Nivel “B” del Agrupamiento General del SINEP fue desestimada. A pesar de sus 23 años de trayectoria y especializaciones de más de CUATROCIENTAS (400) horas, el problema radicó en que su ingreso a planta permanente fue posterior a la entrada en vigencia del SINEP, lo que la excluía de una excepción específica para el ascenso. Además, su “Licenciatura de Trabajo Social” no estaba finalizada al momento de postularse y no acreditaba los TRES (3) años de experiencia laboral post-título requeridos para el Nivel B.
Por su parte, Mariela GUERRERO (D.N.I. N° 24.043.867) también vio frustradas sus aspiraciones. Se le rechazó el recurso contra la Resolución del ex-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos N° 1452/23. Guerrero ya había logrado ascender al Nivel C del SINEP mediante un régimen de valoración por excepción, y ahora buscaba una nueva promoción al Nivel B bajo las mismas condiciones. La OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO y la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera (Co.P.I.C.) interpretaron que la excepcionalidad no aplica para dobles promociones consecutivas sin reunir los requisitos generales del artículo 14 del Convenio Colectivo Sectorial. Se busca evitar una "desnaturalización de los principios" de carrera y mérito.
Estos casos ponen de manifiesto la rigidez de los procedimientos administrativos y las interpretaciones normativas en la carrera pública. Si bien se busca garantizar la equidad y el mérito, la complejidad de las excepciones y los requisitos puede generar un laberinto para los agentes. Para el ciudadano común, esto resalta la importancia de la transparencia y la claridad en las reglas de ascenso en el empleo público, que afectan la eficiencia y la calidad de los servicios estatales. Las decisiones agotan la vía administrativa, dejando expedita la acción judicial, lo que podría abrir una nueva batalla legal en los tribunales.
