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La Comisión Arbitral emitió una nueva resolución para poner orden en la atribución de gastos de telecomunicaciones dentro del Convenio Multilateral. Las empresas con operaciones en varias jurisdicciones tendrán que ajustar sus cálculos, usando los gastos de comercialización como vara para estimar estas erogaciones significativas. ¡A revisar los números!
La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral puso la lupa sobre un tema que trae de cabeza a muchos contadores y empresas: la atribución de los gastos de telecomunicaciones. Con la Resolución General 1/2025, se busca clarificar cómo deben computarse estos gastos cuando son "significativos" y no pueden asignarse con certeza a una jurisdicción específica.
Hasta ahora, cuando los gastos de telecomunicaciones (internet, llamadas, datos móviles, etc.) eran considerados "significativos" (superando el 10% del total de gastos computables y el 20% individualmente, según la RG CA N° 22/1984) y no podían atribuirse directamente, el Convenio Multilateral exigía una "estimación razonablemente fundada". Esta nueva resolución viene a darle un marco a esa estimación.
A partir de ahora, para esos gastos de telecomunicaciones que califiquen como significativos, la estimación deberá hacerse "conforme a la misma proporción que le corresponda a cada jurisdicción de la sumatoria de los restantes gastos de comercialización". En criollo, si una empresa tiene el 60% de sus gastos de comercialización en una provincia, deberá atribuir el 60% de sus gastos de telecomunicaciones significativos a esa misma provincia.
Esta medida impacta directamente a todas las empresas que operan en más de una jurisdicción provincial y están alcanzadas por el Convenio Multilateral, especialmente aquellas con altos volúmenes de gastos en telecomunicaciones. El Convenio Multilateral busca evitar la doble imposición y distribuir equitativamente la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos entre las provincias, basándose en ingresos y gastos.
Al establecer un criterio claro para la estimación de estos gastos, la Comisión Arbitral busca brindar "certeza y seguridad jurídica" a los contribuyentes. Sin embargo, también implica una tarea adicional de adaptación para las áreas contables y fiscales, que deberán revisar sus metodologías de cálculo para cumplir con la nueva disposición.
Para los ciudadanos comunes, esto puede parecer un tecnicismo, pero en última instancia, afecta la forma en que las empresas distribuyen sus costos e impuestos, lo que puede tener implicaciones en la estructura de precios y la competitividad interprovincial. Estar al tanto de estas reglas es clave para las empresas para evitar contingencias fiscales.
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